Aunque parece ser un término caduco, repetido, que no ha logrado materializarse y concretarse, sigue y debe seguir siendo, una tarea a cumplir. Una preocupación a transformar y atender.
Hacia el año 324 a.C., Demóstenes se apoderó del dinero depositado en el Acrópolis griego por el tesorero de Alejandro. Fue condenado y obligado a huir. En Roma, Verre, quien fue gobernador de Sicilia, tuvo que afrontar la imputación de varios cargos por extorsión, vejación e intimidación. El general Escipión quemó pruebas que acusaban a su hermano sobre estafa en contra del Imperio Romano. De hecho, en la época de Jesucristo en la Tierra según la Biblia lo cuenta, Judas Iscariote vendió a los romanos a Jesús, quien era su maestro, por “treinta monedas de plata”. En la Edad Media, los denominados señores feudales tenían tanto poder que llegaron a normalizar el trabajo del otro a cambio de un espacio de tierra, excluyendo el pago de impuestos, pero obteniendo ventaja y ganancia para sus intereses personales.
Felipe II como Rey de Francia del siglo XIII, tuvo un recordado reinado por los impuestos fuertes a sus súbditos. Todo ingresaba a su patrimonio exclusivo. Los totalitarismos en Italia y Alemania demostraron las prácticas delictivas de los gobernantes y acólitos de poder. Y así, la historia ha mostrado las prácticas del ser humano capaces de llegar incluso, a hacer al arroz verde. Algunos dicen, verde limón.
El error es: normalizarlo. Por ello, hay que reinventar prácticas y formas para combatir y anularla en su amplia forma de manifestarse. Las fórmulas son diversas y rebasan la actuación exclusiva de los entes del poder público. Es una comprensión de vida y actitud. Es un compromiso con uno mismo, con el honor y con el otro, con el presente y futuro.
Bien por la Universidad del Azuay y su Facultad de Ciencias Jurídicas que conjuntamente con la Embajada de Canadá en Ecuador, Universidades San Francisco, SEK, De las Américas, De los Hemisferios y el IAEN, han forjado el primer Centro de Excelencia Anticorrupción que involucra a las universidades a fin de observar, cuestionar y estudiar los procesos de corrupción en el sector público y privado, pero por sobre todo, de encontrar mecanismos idóneos para prevenirla desde una cultura de respeto al otro, sí, precisamente a un tejido social sin corrupción. (O)