Múltiples denuncias han salido a flote en los países de América Latina
Un fuerte dolor en el pecho y una fiebre insoportable llevaron al oficial de la policía peruana Edder Meca a buscar ayuda médica en el Hospital Central de la Policía. Había pasado intensas jornadas en operativos de control a los ciudadanos en Lima, en la comisaría La Victoria, donde estaba asignado. Confiado en los elementos de bioseguridad entregados como dotación, orientaba a los ciudadanos para que mantuvieran las normas de aislamiento al comienzo de la pandemia. A las pocas horas, murió.
Para Rubí, su novia, Edder, de 35 años, contrajo el virus durante su trabajo. Fue uno de los 223 agentes fallecidos en Perú a las pocas semanas de la llegada del virus. Una de las posibles causas fue la exposición al usar mascarillas que no eran aptas. Una millonaria compra bajo investigación por irregularidades que involucra al ministro del Interior. Fueron más de 15.000 los agentes que resultaron contagiados en esa primera etapa de la pandemia.
Como respuesta, el Congreso peruano declaró héroes a Edder y a sus compañeros policías fallecidos por causa del COVID-19. Para Rubí, esto no es un consuelo.
“No puedo entender por qué te fuiste”, escribió en sus redes sociales.
Desde marzo 2020, una de las principales huellas de la pandemia en América Latina es el abuso político y la corrupción con los recursos públicos. Así lo señala un informe de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). Los actos van desde el robo de medicina donada que ha sido revendida a hospitales como en Ecuador, posibles sobreprecios en la compra de alimentos con casos ejemplares en Colombia, más de medio millar de variados actos de corrupción en compras en Perú, y adquisiciones de respiradores sobrevalorados en Bolivia y México.
Las medidas de excepción han impuesto mecanismos de contratación y compras más ágiles para evitar retrasos y burocracia. Sin embargo, las compras directas se convirtieron en la vía más utilizada para cometer actos ilícitos. Para Pablo Dávila, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, los casos tienen como trasfondo “un problema ético que no es de ahora y que por varios años ha afectado a América Latina: una profunda corrupción en el poder”.
Es el caso de Ecuador. “Tú me das la mano y yo te doy la mano”, dice el expresidente de este país Abdalá Bucaram en una grabación que ha trascendido, en una conversación con una persona recluida por supuestamente participar de actos de corrupción en la compra de insumos médicos para la pandemia con el hijo del expresidente. Esas grabaciones apuntarían a los presuntos beneficios que Bucaram le estaría ofreciendo al interno si aceptaba un pacto de silencio.
“¿Yo tengo tu palabra que nadie va a tratar de matarme?”, dice el detenido como presagiando lo peor al haberse convertido en testigo para revelar la trama detrás de esas compras. Pero este nuevo acuerdo no lo protegió. Fue asesinado.
Días antes, cuando la policía allanó las viviendas de la familia del expresidente, incluidos sus hijos Abdalá (Dalo) y Michell, encontró 2.000 cajas de pruebas de coronavirus y 5.000 mascarillas. La Fiscalía local presume que las ventas de insumos médicos al Estado alcanzaron unos 7,7 millones de dólares, en contratos hechos a través del testigo asesinado y una operación de la que aún no se conoce todo su alcance.
La revelación de los audios llevó a que las autoridades detuvieran al expresidente Bucaram para presentarlo ante un juez que a la postre le dictaría arresto domiciliario, mientras se le investiga por delincuencia organizada. Bucaram adujo que era una persecución política, buscando relacionar la acción judicial con el reciente anuncio de que quería competir de nuevo por la Presidencia de su país. Antes de llegar ante el juez, el ex mandatario fue conducido a un hospital, pues supuestamente habría sufrido un preinfarto.
Pocos meses antes de la llegada de la covid-19 a la región, organismos como Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) coincidieron en la alerta sobre los altos niveles de corrupción en la región. Una situación agravada por las fallas en los sistemas de transparencia durante emergencias, así como la debilidad y politización de los organismos de control.
Alimentos a precio de oro
Si con los insumos médicos hay negocio, las ayudas para mitigar el hambre no se escapan de las garras de los corruptos. En Colombia, el paisaje de las ciudades se llenó de trapos rojos, un peculiar código con el que las familias necesitadas pedían ayuda para poder alimentarse al inicio de la pandemia.
Estos trapos también colgaban de la ventana de Ruth Grisales, quien mostraba la nevera vacía de su casa a la BBC de Londres. La tenía sin alimentos “por la falta de plata, de trabajo, por esta situación que estamos viviendo”, contó a los corresponsales. En la casa de Ruth, ubicada en un suburbio de Bogotá, viven cuatro personas más, una por cada trapo rojo colgado para informar que tienen hambre, “que la necesidad es mucha para todos nosotros”.
La ayuda alimentaria ha sido el principal foco de acción de los municipios colombianos durante la emergencia. Allí, una simple comparación de precios entre los productos que se venden en un supermercado común y el valor al que se compraban los alimentos para las entregas humanitarias hizo que la Procuraduría General de la Nación iniciara procesos judiciales en una veintena de gobiernos locales. (REM)-(I)
