La crisis de la covid-19 reveló las limitaciones del Estado de bienestar para proteger a personas y empresas de los riesgos de las grandes crisis. Pero en nuestro país el gobierno no pudo lanzar programas de cobertura de ingresos a colectivos desprotegidos, de protección del empleo y a inyectar ayudas y capital en las empresas que pudieron debilitarse, a diferencia de lo acontecido a finales de los 90´s.
Estas ayudas, recuerdo, se analizaba que venga de los que más tienen, sobre la base de que era hora de mostrar la solidaridad, pero no fue así, no tuvo acogida y se le dejó al Estado ese sacrificio adicional, a más de exigirle que solucione el problema del endeudamiento, de reducir el gasto y exigirle más de lo que podía hacer, sin la colaboración de los que más tienen.
En los años ochenta y noventa se arrastraron los riesgos (el gasto público, la evasión tributaria, las altas tasas de interés…) desde las empresas y el Estado hacia las personas, y esa era la característica de la economía de aquella época, y deseamos que no regrese a partir de ahora, una vez se modere la pandemia y se haga notar el peso de la deuda. Pero, en cualquier caso, no es muy arriesgado sostener que estamos ante un cambio de mentalidad que traerá un nuevo Estado de bienestar post pandémico.
Si aceptamos esta idea, las políticas redistributivas, que funcionan a través de los gastos sociales y de los impuestos, requieren de una revolución fiscal, además de actuar en las oportunidades y las desigualdades que existen en una sociedad: la distribución y la pre distribución. La distribución hace referencia a cómo se reparte el valor agregado por las empresas entre salarios, dividendos e impuestos. Aquí las empresas deben hacer su contribución a través de reducir sus dividendos, pagar -y el Estado cobrarles- los impuestos y mejorar los salarios a sus trabajadores o crear mayor y mejores empleos.
La pre distribución requiere un auténtico contrato social como mecanismo de compromiso público, empresarial y social para la revolución fiscal y compartir y repartir los riesgos de las crisis entre individuos, empresas y Estado, es decir aceptar que nos debemos los unos a los otros. (O)
