El Presidente Guillermo Lasso inició su gestión con un conciliador discurso, en el que se comprometió a gobernar para todos, a escuchar al pueblo y a no perseguir a nadie; compromisos cuyo cumplimiento dependerá del carácter real que asuma su gestión. Sobre esto se pueden plantear dos escenarios:
Un primer escenario sería el que, en coherencia con ese discurso, Lasso enrumbe su gestión en dirección a un proyecto ideológico-político de centro; lo que implicaría que su política económica no siga los conocidos ajustes económicos del neoliberalismo y las “recomendaciones” del FMI.
En este escenario las posibilidades de conflictos sociales se reducirían y la factibilidad de una concertación política con actores que no son parte de su Gobierno aumentarían; lo que garantizaría una mayor legitimidad social para el Gobierno y, por tanto, una mayor gobernabilidad.
La correlación de fuerzas desfavorable del Gobierno en la Asamblea, un respaldo electoral que sólo llegó a un poco más de la mitad (52 %), la tradicional indisposición de sectores sociales (como el movimiento indígena) a aceptar “paquetazos” económicos, y las recientes movilizaciones antineoliberales en Chile y Colombia, podrían animar al Gobierno a ir a ese primer escenario
En un segundo escenario, el Gobierno de Lasso podría tratar más bien de profundizar el modelo neoliberal (que ya fue retomado por Moreno), a través de cumplir las tareas de este modelo que quedaron inconclusas en los años 80 y 90. Algunos anuncios sobre ciertas medidas económicas llevarían a este escenario, a saber: privatización (vía venta o concesión) de empresas y bienes públicos, que incluiría carreteras; una mayor flexibilización laboral (sobre todo para nuevos contratos); completar la eliminación de subsidios a los combustibles; incluir en el pago de impuestos a sectores de ingresos menores (desde 550 dólares según el ministro de finanzas); realizar acuerdos de libre comercio; incrementar al doble la explotación mi era y petrolera (modelo extractivista); etc.
Se trata de un modelo que al conllevar fuertes costos sociales podría implicar protestas y conflictos sociales, violencia y represión, con los consiguientes conflictos de gobernabilidad y crisis políticas ya vividos en Ecuador y otros países. (O)
