Una «ley justa y reparadora» que garantice el acceso real y sin revictimización al aborto para las supervivientes de violación es la causa por la que el movimiento de mujeres de Ecuador ha estado luchando en los últimos años y que espera que se apruebe en la Asamblea Nacional antes de que termine 2021.
Ese es el principal desafío que afrontan los integrantes de la Comisión de Justicia del Parlamento ecuatoriano que debaten el proyecto de ley para regular el procedimiento tras la histórica decisión de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual el pasado 28 de abril.
«Es importante que esta ley ponga en el centro a las mujeres. Que permita el acceso a los servicios de salud y que no les ponga trabas administrativas ni de ninguna naturaleza a las niñas, mujeres o personas con capacidad de gestar» que quieran interrumpir su embarazo, señala a Efe la oficial de programas para Ecuador de Planned Parenthood Global, Paulina Ponce.
La representante de la organización señala que a lo largo del proceso para llegar a la sentencia se ha puesto de manifiesto «el grave problema de la violencia sexual que ha estado oculto por mucho tiempo» y la criminalización de las niñas y mujeres que han decidido abortar.
Según datos oficiales, en el país 7 menores de 14 años dan a luz cada día.
Y en el último año, las denuncias por el delito de violación superan las 6.200. Además, unas 120 mujeres y niñas han sido procesadas por abortos en la última década.
EL CAMINO DE LA DESPENALIZACIÓN
El fallo de la Corte Constitucional no ha llegado solo. Es el resultado de un camino lleno de obstáculos que han tenido que sortear las organizaciones de mujeres en los últimos diez años.
«Son las valientes organizaciones ecuatorianas las que han hecho posible esto, las que han estado llevando la evidencia», destaca Ponce.
«Algunas mujeres han hecho más acciones callejeras, poniendo el cuerpo, tomando la calle, otras han hecho trabajo de incidencia, otras más trabajo legal de asesoramiento o en la lucha por la despenalización social», destaca la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Vera.
La abogada confiesa que ha sido una «época compleja» porque a pesar de las numerosas recomendaciones internacionales de comités de derechos humanos sobre la despenalización del aborto por violación, «en Ecuador es difícil construir un camino de derechos humanos para las mujeres, sobre todo para las personas gestantes y para las niñas, porque existen muchos estereotipos de género».
«Esto nos ha llevado a ir generando nuevas estrategias y replantearnos las luchas y lo que hacemos para llegar al objetivo que es que el aborto deje de ser un delito penal en todo Ecuador», sostiene.
Publicar informes sobre la realidad que viven las niñas, adolescentes y mujeres ha sido una de las estrategias que mejor ha funcionado, sobre todo para cambiar el imaginario social, cuenta la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre.
Por ejemplo, con la investigación ‘Vidas robadas’, publicada en 2015, se determinó que de 10 víctimas de violencia sexual en Ecuador, 6 eran niñas y adolescentes, y que unas 2.000 menores de 14 años daban a luz cada año.
Esas fueron parte de las evidencias sobre maternidades forzadas que llevaron a la Asamblea previo al debate de reformas al Código Penal, en 2019, para incluir a la violación como una causal más de aborto legal.
«Aunque el escenario era algo prometedor, nosotras no confiábamos en las autoridades y por eso pusimos la primera demanda de inconstitucionalidad en julio de 2019», recuerda Gómez de la Torre.
VICTORIA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Dos meses después, el aborto por violación no consiguió la aprobación del Parlamento y, en noviembre de 2020, Surkuna y otros colectivos presentaron otras seis acciones de inconstitucionalidad en contra del numeral 2 del artículo 150 del Código Penal, que solo permitía la interrupción del embarazo a las mujeres con discapacidad mental que habían sido violadas.
«El tema del aborto siempre ha sido una moneda de cambio. No sé cuándo va a tener prioridad y va a estar limpio de intereses particulares.
Por eso la única alternativa que teníamos era la Corte Constitucional», asegura la presidenta de Fundación Desafío.
En su sentencia, la Corte señala que el embarazo forzado, la penalización del delito de aborto por violación y la negativa de brindar asistencia a las niñas, adolescentes y mujeres en esta condición «vulneran sus derechos y pueden constituir una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante».
Afirma que la imposición de una sanción penal no evita que las mujeres violadas se sometan al procedimiento y subraya que nunca más una mujer o niña violada podrá ser criminalizada por abortar.
«Por esto el debate en la Asamblea ya no es sobre un tema penal, como mucha gente ha malinterpretado, sino es sobre cómo se va a acceder al procedimiento», aclara Vera.
ACCESO REAL AL ABORTO POR VIOLACIÓN
El movimiento de mujeres ha sido enfático en señalar que el acceso al procedimiento debe ser lo más sencillo posible para que no haya revictimizaciones. Esto pasa por evitar que se solicite una denuncia y que se ponga una semana gestacional específica como límite.
«¿Por qué? Porque las principales víctimas de violación en este país son las menores de 14 años y generalmente los violadores son las personas de su entorno familiar. Muchas veces no saben bien qué es lo que pasa. Nunca han tenido una menstruación. No pueden reconocer sus cambios corporales como propios de un embarazo», explica Vera, quien ha acompañado a varias niñas y mujeres para que accedan a un aborto tras la sentencia.
Las niñas, agrega, se dan cuenta de que están embarazadas después de la semana 17 o 18, «cuando ya tienen físicamente una panza».
El médico investigador Esteban Ortiz coincide con Vera y asegura que el aborto es un tema de salud pública que debe tratarse como tal.
Además, señala que la penalización de un procedimiento médico viola la Constitución pues «ahí se señala que todos tenemos derecho al acceso a la salud».
«Una mujer, una niña violada, debería recibir atención médica oportuna, gratuita y segura en todo el territorio nacional. El problema es que el Estado no lo garantiza y las obliga a mantener un embarazo que no desean y que pone en riesgo su vida», sostiene el especialista en salud pública.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y del Ministerio de Salud, Ecuador pierde 448 millones de dólares por los embarazos no deseados. “Por cada dólar invertido en salud sexual y reproductiva se podrían ahorrar diecisiete dólares”, calcula Paulina Ponce, de Planned Parenthood Global.
DEBATE PARLAMENTARIO DE LA LEY
A las organizaciones les preocupa que los legisladores no comprendan la realidad que viven las niñas y mujeres en distintas partes del país.
Una prueba de ello, dicen, es otro proyecto de ley presentado por un asambleísta que lo que plantea, asegura Virginia Gómez de la Torre, «es derogar el aborto terapéutico».
«El proyecto dice que las mujeres podrán abortar siempre y cuando no aparezca el latido fetal, que es a las cinco o seis semanas. Es una propuesta regresiva y cruel del machismo de la sociedad», recalca. El protocolo de aborto terapéutico que rige para las otras causales no fija un límite de acceso gestacional.
Sin embargo, para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, la ley de aborto por violación que apruebe la Asamblea no puede ir en contra de los estándares dictados por la Corte Constitucional.
«Esto podría incluso acarrear otro tipo de sanciones como la destitución, con lo cual a mí sí me preocupa que en el interior de la Asamblea se esté considerando un escenario de incumplimiento del mandato de la Corte», menciona.
Alarcón agrega que la Asamblea tampoco puede pasarse de la fecha establecida en la sentencia para aprobarla: «Los plazos son fatales y el país debería tener una ley sobre la base de los estándares y los parámetros dados por la Corte Constitucional el próximo 28 de diciembre». EFE
