Ecuador vive una sensación generalizada de paz y comenzó así a recuperar la normalidad después de 18 días de tensión e intensas protestas contra el Gobierno por la carestía de la vida, que se saldaron con seis fallecidos, uno de ellos militar, y alrededor de 500 heridos.
En Quito, el epicentro de unas protestas que se extendieron por toda la región andina y amazónica, este viernes 1 de julio de 2022, el transporte público volvió a fluir después de varios días suspendido y las zonas en las que se concentraron los manifestantes vieron reabrir negocios, aún con las huellas de los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
En torno al parque de El Arbolito, que volvió a ser el escenario los choques más duros, los operarios del Municipio de Quito se esforzaban por recoger los adoquines arrancados del pavimento para ser usados como barricadas por los manifestantes.
Mientras, otros retiraban vidrios rotos del edificio de la Contraloría, apedreado por la multitud después de apreciarse que desde su interior la Policía lanzaba gases lacrimógenos.
A unos metros, otro grupo reponía los semáforos que durante los días de mayor tensión fueron arrancados de cuajo de sus postes, y al mismo tiempo más gente pintaba la parada de la red metropolitana de autobuses.
En esa estación frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que un fue un lugar de disputa entre las fuerzas de seguridad y el movimiento indígena que lideraba la protesta, todavía podían leerse algunos grafitis que expresaban el descontento de un sector de la sociedad ecuatoriana hacia el presidente Guillermo Lasso.
Reminiscencia de 2019
A los vecinos de El Arbolito, los momentos vividos en estas manifestaciones les resultan muy similares a la ola de protestas que paralizó Ecuador en octubre de 2019 por la eliminación de los subsidios de los combustibles, y que dejó a nivel nacional un saldo de una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos.
Así lo señala Leonardo Lima, un trabajador de una tienda de bicicletas a pocos metros del parque que ha permanecido prácticamente cerrada durante el tiempo que duraron las protestas y que sufrió daños por los enfrentamientos.
«Fueron dieciocho días de bastante tensión, principalmente esta última semana, donde se agudizó más la protesta y se hizo más violenta», afirma Lima, cuya tienda también tiene vidrios rotos y un portón forzado y arrancado varias veces que los manifestantes utilizaron para hacer improvisados escudos.
«En casi tres semanas no ha habido ingresos de ventas, y es fuerte estar ese tiempo sin sumar», pero «la vida sigue, y los gastos continúan, y aquí estamos para volvernos a levantar», apunta.
Centros médicos inundados de gas
En la oficina principal de la Fundación Médica Mosquera todavía irrita respirar a causa de la bomba lacrimógena que entró a ese ambiente y lo inundó de gas, tras romper el vidrio de la ventana, señal de que en los momentos más cruentos los gases de la Policía caían en todas las direcciones.
Esta organización sin ánimos de lucro que presta asistencia médica a personas vulnerables y sin recursos también se vio obligada a dejar de atender a sus pacientes durante varios días, según cuenta la asistente del director, Abigail Tierra, mientras muestra los restos del cartucho metálico que albergaba el gas.
A unas pocas manzanas, en el campus de la Universidad Politécnica Salesiana, que sirvió de centro de acogida de los miles de indígenas llegados de distintas provincias del país para manifestarse en Quito, quedaban algunos grupos de nativos que se alistaban para regresarse a sus comunidades.
Imdígenas, «con sangre hirviendo
Entre ellos estaba Héctor Gref, de la provincia amazónica de Pastaza, quien aseguró que él y sus compañeros no se van satisfechos con el acuerdo alcanzado por el movimiento indígena con el Gobierno para levantar las protestas.
Gracias a ese acuerdo, el Gobierno aceptó reducir los precios de los combustibles subsidiados en 15 centavos de dólar por galón (3,78 litros) en lugar de los 40 centavos que demandaba el movimiento indígena.
También derogó un decreto que promovía la actividad petrolera y se comprometió a no dar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas arqueológicas, fuentes hídricas y territorios ancestrales indígenas.
Asimismo, tiene 90 días para entablar una mesa donde se traten el resto de demandas del movimiento indígena, como controlar precios de productos de primera necesidad, no privatizar empresas estatales y condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 10.000 dólares.
«Para nosotros han sido 18 días muy duros. (…) Nos vamos con la sangre hirviendo porque mis hermanos de la Amazonía murieron en estas manifestaciones, y pienso que lo mejor era que hubiese salido Lasso. (…) Espero que las propuestas sean cumplidas, porque de lo contrario regresaremos con el doble de fuerza», advirtió Gref. EFE
