La recién nacida Ley Orgánica de Integridad Pública, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, se presenta como un audaz camino para salirle al encuentro al viejo azote de la corrupción y un atajo hacia la eficiencia administrativa. Y desde luego, la reorganización de las compras públicas y la búsqueda de mecanismos para transparentar los no siempre claros procedimientos del SERCOP, no vienen nada mal. En un país donde los contratos públicos han sido pasto fácil de la corrupción, cualquier intento de fiscalización merece, al menos, un voto de confianza.
Ahora, cuando el optimismo da paso al análisis más serio y comenzamos a leer la letra chica, aparecen sobre el horizonte algunos negros nubarrones. Tres demandas de inconstitucionalidad se han presentado ya ante la corte constitucional en cuanto a una potencial amenaza a los derechos laborales surgida desde la eliminación del artículo 89 de la LOSEP, reemplazando el sumario administrativo, como mecanismo de desvinculación de un servidor público, por una lógica de evaluaciones semestrales.
Y aquí debemos ser muy claros: ¿evaluaciones? ¡bravo! Quien podría oponerse a evaluar el servicio de los funcionarios públicos. El problema está en el cómo. ¿evaluación con qué criterios o metodologías? ¿aplicadas por quién? Poque cuando el trabajo de una persona depende de una calificación incierta, más que eficiencia, se abre la puerta a una serie de despidos discrecionales, una silenciosa purga del Estado que tiene a la modernización como coartada.
Y sí, el tema está abierto. Y creo que la ley tiene ciertos puntos positivos, razón por la cual la protesta popular debería modularse hacia la exigencia de la mejora de ley y no su derogatoria total. Luego, también es verdad que la integridad pública no se logra por decreto ni por imperio de una ley recién nacida. Requiere, por el contrario, de una nueva institucionalidad y un consenso social donde el respaldo político no esté sujeto a favores ni alianzas de coyuntura.
La integridad, como valor y como ley, no puede ser sinónimo de precarización ni de arbitrariedad y la eficiencia estatal siempre será bienvenida, pero no si esto compromete la base social y el bienestar del ser humano. (O)