Orillando una serie de hechos y anécdotas contenidas en un documento histórico-arqueológico del doctor Antonio G. Serrano Iñiguez, conviene enfocar la mirada en uno de los más escandalosos y oscuros robos ocurridos en el Perú del siglo XIX. En el centro de esta historia están los hermanos Antonio Heduvides e Ignacio Serrano, descubridores de una inmensa fortuna en oro y piezas primitivas extraídas de sepulcros cañaris.
Excavaron los antiguos dominios de los caciques de Shimpirca y Ucur con asentimiento del Jefe Político de Guacaleo, Manuel Dávila; del Gobernador del Azuay, Carlos Ordóñez; del Ministro de Estado, Francisco J. Salazar; y del mismísimo Presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno. El resultado fue apoteósico: alrededor de 13 quintales de oro puro y una vasta colección arqueológica, entre las que destacaban dos cadenas de oro de un metro de largo y una placa maciza de oro a la que se denominó “El Contador Cañari”.
Con más de 50 arrobas de oro y piezas arqueológicos, decidieron trasladarse a Lima para venderlos a algún museo. Pero allí, en lugar de conservar la riqueza original, les persuadieron a fundir y convertir en monedas esterlinas en la célebre Casa de la Moneda. Este hecho marcaría el principio de una tragedia disfrazada de modernidad y eficiencia financiera.
Decidieron retornar al país con su tesoro, pero se les impuso una extraña y sospechosa regla: no podían embarcar en la misma nave que transportaría su cargamento. Les obligaron a tomar otro barco, previo al pago de un oneroso flete y garantía por el traslado del oro.
Llegaron a Guayaquil y en vano esperaron el barco con su fortuna. La versión oficial fue que había naufragado y así desapareció todo rastro del tesoro. Una maniobra tan hábil como perversa, que hasta al apoderado en Lima le jugaron con la patraña de notificarle que la compañía aseguradora había caído en bancarrota.
Así concluyó la historia de los primeros huaqueros de Chordeleg, y con ellos también se desvaneció el impulso por las excavaciones, investigaciones y valorización de la herencia Cañari. La anécdota quedó relegada al polvo de la historia, sin justicia, sin oro, sin verdad…
Antonio Heduvides, protagonista de esta epopeya y tragedia, murió a finales del siglo XIX, disponiendo que sus bienes fueran repartidos entre su garante, doña Anselma Pesántez que recibiría las tres cuartas partes, y su hijo, don Francisco Isaac Serrano y Serrano, el resto.
¡He aquí un hecho cierto para especular sobre el expolio, la traición y la memoria histórica! (O)