Emilio Suárez es abogado de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador S.A., empresa que gestiona el proyecto minero Loma Larga, anteriormente conocido como Quimsacocha, ubicado en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón.
La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay suspendió este proyecto el 28 de agosto de 2023 y ordenó que se haga una consulta previa con la comunidad de influencia: Escaleras.
El 19 de mayo de 2025 la Cámara de Minería del Ecuador (CME) informó que ya se cumplió con esto y que el 100 % de los habitantes de esta localidad aprobó el avance de la intervención minera.
Con base en esta información, la CME considera superado este requisito, por lo que la construcción de la mina comenzará a finales de 2025 y se prevé que la extracción de metales, principalmente oro, inicie en 2027.
No obstante, líderes comunitarios, organizaciones sociales y comuneros cuestionan esta versión, pues aseguran que no se trató de una consulta previa, libre e informada, sino de una socialización sin garantías ni participación efectiva.
– ¿Cómo responde Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador S.A. a los cuestionamientos de líderes comunitarios y organizaciones sociales que afirman que no se hizo una consulta previa, sino un proceso de socialización?
La consulta previa fue un proceso que tomó más de un año y lo que es importante es que se cumplieron con los estándares normativos, constitucionales, jurisprudenciales y tuvo el acompañamiento técnico de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE). Es decir, se garantizó el cumplimiento de los estándares en el proceso de consulta…
– Las consultas previas deben ser libres e informadas ¿Cómo se garantizó que se cumpla con esos principios?
En este caso hubo un proceso de socialización, de convocatoria. En el informe del Ministerio de Energía y Minas se dice que mucha gente temía en acudir porque recibía amenazas y amedrentamiento… Sin embargo, se cumplieron con los estándares de libertad. El hecho de que en ciertas etapas del proceso haya habido un acompañamiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tiene como antecedente el hecho de que la propia comunidad solicitó por su seguridad debido a que se suscitaron actos de violencia por parte de ciertas personas que se oponen al proyecto.
– ¿Dónde se hizo esta consulta previa y cuántas personas participaron?
Esa es una confusión general que hay, el proceso de consulta previa toma más de un año, no fue un momento, es decir el proceso cumple con varias etapas. Una de las etapas se realizó en el Templete de Tarqui; y se realizó allí por pedido de la comunidad…
– ¿Qué resultado dio esta consulta previa?
El resultado de la consulta previa fue que la comunidad, incluso por escrito, conforme lo menciona el informe del Ministerio de Energía y Minas, dio su consentimiento para que el proyecto continúe a la siguiente etapa.
– ¿Por qué no se hizo la consulta previa desde el inicio del proyecto y se esperó a que un juez ordenara que se lo haga?
No se hizo antes porque de acuerdo con la normativa nacional e internacional, la consulta debe hacerse al área de influencia del proyecto. Escaleras no está en el área de influencia del proyecto, está a más de 17 kilómetros en línea recta; sin embargo, se lo hizo porque la corte lo ordenó.
– Entonces ¿cuál es el área de influencia de este proyecto?
Las áreas de influencia están determinadas en el estudio de impacto ambiental, que es aprobado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y son las zonas aledañas al proyecto en donde no hay comunidades indígenas por tanto no se debía hacer la consulta, se debía hacer la consulta ambiental y esta sí se realizó. Sin embargo, por orden de la corte se hizo a una comunidad que no forma parte del área de influencia.
– ¿Hubo la presencia de instituciones que garanticen que efectivamente se dio una participación libre?
Estuvieron el Ministerio de Energía y Minas, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y apoyo técnico de la OIT.
– ¿Cómo responden a los constantes cuestionamientos que rechazan la actividad minera en Quimsacocha, al considerarla una zona natural especialmente sensible?
Hay mucha desinformación en cuanto al proyecto y de la minería en general, este es un proyecto legal, es una empresa de primer nivel, que cotiza en el mercado de valores, que tiene muchas otras concesiones en Europa… No se van a secar los ríos de Cuenca, no se van a contaminar los ríos de Cuenca consecuencia del proyecto… De hecho el informe hídrico presentado por el Ministerio del Ambiente indica que únicamente el proyecto va a tomar inicialmente el 0,5 % del caudal del río Tarqui… La descarga del agua, que debe ser en mejores condiciones que del agua que se tomó, va a ser en la cuenca del río Jubones…
– En Girón y Cuenca, la población se pronunció en contra de la minería a través de dos consultas populares. ¿No debería esto ser motivo suficiente para frenar y suspender el proyecto minero?
Esto no puede frenar el proyecto por una razón. Las consultas populares para llegar a que la ciudadanía se pronuncie tienen que pasar por la Corte Constitucional, que verifica la constitucionalidad de la pregunta, y la corte, en el caso de la consulta popular de Cuenca, dijo expresamente en su dictamen que esta consulta popular no puede tener efecto retroactivo y solamente así se entiende que la pregunta es constitucional, por lo tanto no se pueden afectar concesiones previamente otorgadas… En una acción de protección se discutió este tema y la Corte Provincial del Azuay decidió rechazar este argumento ratificando el criterio de la corte constitucional, esto es: que no puede aplicarse retroactivamente la consulta popular a un proyecto concesionado hace 20 años.
– La Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) emitió un informe en el que advierte sobre un posible riesgo de contaminación del agua por el proyecto Loma Larga. ¿Cuál es su posición frente a esta advertencia?
Este informe está agregado al proceso jurisdiccional y allí es importante entender que la medida de reparación ordenada por la corte provincial, ordena que el órgano competente, en este caso el Ministerio del Ambiente presente un informe hídrico en coordinación con ETAPA EP. En ninguna parte de esa medida dice que ETAPA podrá presentar un informe unilateralmente, esto por una razón, porque el órgano competente en materia hídrica es la autoridad única el agua, que es el Ministerio del Ambiente… ETAPA no tiene la competencia para analizar, por ejemplo, el diseño de las relaveras, de la mina.
– Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, también se ha pronunciado en contra de la continuidad del proyecto minero, por el riesgo para las fuentes de agua. ¿Que opinión le merece?
Me parece que eventualmente el alcalde también podría estar mal informado porque ratifica el tema de las consultas populares, ratifica el tema de que no se han hecho los informes correctamente y finalmente las autoridades competentes han expedido esos informes y han dado cumplimiento a la sentencia… Recordemos que el ámbito minero es competencia del gobierno central no de los gobiernos autónomos descentralizados… Si bien es muy importante la opinión del señor alcalde no es un tema que debería obstaculizar la continuación del proyecto porque esto depende del gobierno central.
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