Mil veces ha sido dicho, pero pocas veces se ha entendido: la delincuencia internacional organizada, entre cuyos tentáculos figuran delitos como el narcotráfico, el secuestro, las extorsiones, la trata de personas, la minería ilegal, el narcomenudeo, lavado de activos, el crimen desatado por hordas de sicarios, debe combatírsela incluso con el apoyo de fuerzas extranjeras.
Bajo estos considerandos, el Gobierno pidió a la Asamblea Nacional aprobar la resolución para respaldar las Acciones de Cooperación Internacional en materia de seguridad.
Pese a dubitaciones e interpretaciones de carácter político o de celos, la Legislatura dio paso a esa resolución, sintonizándose con el clamor popular.
Las redes tejidas por el crimen internacional rebasan los límites inimaginables. De su poder nadie puede negar, comenzando por el de poseer armas poderosas, de su economía suculenta circulando libremente, de haber cooptado parte de la Justicia y de las mismas fuerzas del orden, y hasta de activar, a través de terceros, en la política.
En estos primeros meses de 2025, los grupos criminales se han desbordado mostrando su ferocidad, por lo general matándose entre ellos, pero afectado a terceros, entre ellos a niños.
Posiblemente en estas semanas previas a la segunda vuelta, incrementen su barbarie. Saben bien sobre el peso político de la inseguridad.
La labor desplegada por la Policía y el Ejército, aun a costa de la vida de varios de sus miembros, al parecer no es suficiente. Si no es así, el Gobierno tendrá sus razones para pedir la colaboración internacional.
Ese tipo de colaboración no puede estar demás, ni de considerar aspectos como la soberanía; pues el crimen internacional merece ser enfrentado por todos los países.
El Gobierno calificó a los grupos de delincuencia organizada de terroristas. La Asamblea, según su resolución, de enemigos del Estado.
Corresponde al Ejecutivo gestionar cuanto antes ese apoyo internacional. Ya no tiene excusas.
