El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró de manera definitiva el escrutinio y, acto seguido, proclamó los resultados de las elecciones realizadas hace dos semanas.
Tales resultados, según los cuales el triunfador es el binomio Daniel Noboa-María José Pinto, son definitivos en sede administrativa.
Ante reclamos por presunto fraude presentados por la candidata perdedora, Luisa González, y varios de sus coidearios, el CNE ha revisado las actas cuestionadas, no encontrando irregularidad alguna.
Son 1.729 las actas impugnadas. Representan el 4,16 % del total de las 41.544 escrutadas. En votos significa alrededor de 475.000.
Cumplida esta fase a nivel del CNE, tanto el binomio perdedor como otras organizaciones políticas están dentro del plazo legal para impugnar su resolución. Luego, incluso, cuentan con otro periodo para presentar nuevos recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Nada puede poner en tela de duda los resultados proclamados, ha dicho la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Al contrario, se avanza en el proceso para la entrega de credenciales a Noboa y a Pinto.
Con seguridad, los reclamos llegarán hasta el TCE.
González y su séquito no aceptan la derrota e insisten en el supuesto fraude sin presentar pruebas contundentes, peor como para exigir una auditoría al sistema del CNE.
Esa posición, como ya se ha dicho, va en contravía del reconocimiento de la victoria de Noboa hecho por alcaldes y prefectos afiliados o adeptos al correísmo; ni se diga al informe de los veedores internacionales.
Hasta tanto, hay una campaña abierta, incluso internacional, para posicionar la idea del fraude. Si finalmente naufraga, cuando menos querrán deslegitimar al gobierno, uno de cuyos escenarios será la nueva Asamblea Nacional.
De allí la urgencia por conocer la resolución del TCE si el reclamo llega a su conocimiento. De todas formas, el perdedor, como el ahogado, tiene derecho a patalear hasta el último.
