En los últimos dos años, el Ecuador ha vivido seis convocatorias a las urnas. Cada elección tiene su costo: no solo económico, sino también emocional, institucional y democrático. En el mejor de los casos, los comicios permiten renovar liderazgos y revitalizar la participación ciudadana. En el peor, erosionan la confianza pública y siembran cinismo. Nos encontramos, quizá, más cerca de lo segundo.
La calidad de una democracia no se mide solo por la frecuencia con la que se vota, sino por la eficacia ciudadana: esa percepción de que el voto cuenta, de que una elección puede provocar un cambio real. Cuando la ciudadanía cree que su participación es significativa, vota con responsabilidad, compara propuestas y se informa. Pero cuando esa percepción se pierde —cuando se siente que todo termina igual, que las promesas no se cumplen, que los mismos errores se repiten— lo que antes era un derecho se vuelve una carga. La elección se convierte en rutina, no en esperanza.
En ese contexto, la propuesta de convocar a una nueva Asamblea Constituyente no es una solución, sino un síntoma. Lejos de ofrecer una vía para superar la crisis política, añade incertidumbre a un sistema que ya muestra signos de agotamiento. No se trata de negar la necesidad de reformas, pero sí de advertir que ninguna hoja en blanco resolverá por arte de magia lo que no hemos sabido escribir en las páginas previas. La historia constitucional del país demuestra que cada intento de refundación trae consigo más polarización, más desgaste y menos estabilidad.
Los ciudadanos necesitan —y merecen— pasar la página. Pero para hacerlo, se requiere algo más que urnas y discursos refundacionales. Se necesita gobernabilidad, acuerdos básicos, cumplimiento de promesas y fortalecimiento de las instituciones existentes. En lugar de encaminar al país hacia otro ciclo electoral incierto, es momento de asumir con madurez política el desafío de construir sobre lo que ya tenemos.
