Un ambiente social tenso vive Cuenca en estas últimas semanas, derivado del debate en el Concejo Cantonal del proyecto de reformas a la ordenanza regulatoria del uso, gestión y aprovechamiento del suelo urbano y rural; y, a la par, del Plan de Uso y Gestión del Suelo.
Habitantes de los sectores rurales del cantón han protagonizado sendas protestas por la falta de socialización de la propuesta elaborada por la administración municipal.
También por artículos relacionados con una pretendida imposición de multas, y, en especial, por aspectos relacionados a la prescripción y el fraccionamiento de predios.
El primer intento ha sido corregido, no así el segundo; igual otros puntos controversiales.
La realidad rural exige entenderla, no desentrañarla de su historia, peor de la tradición familiar en cuanto a herencias se refiere, un derecho garantizado por la Constitución.
La planificación del suelo rural difiere mucho del urbano; tampoco debe acoplarse al interés inmobiliario o al prurito de cambiar sus usos para priorizar utopías turísticas, dejando casi en la indefensión a los propietarios, en la mayoría de los casos, campesinos, cuyo patrimonio lo destinan para actividades agrícolas.
Tan delicado proyecto, delicado por cuanto atañe a la propiedad privada, debió ser analizado, socializado con los directamente involucrados en él.
No por cumplir un mandato previsto en la ley, al apuro y pasando instancias como el diálogo y la información oportuna, debe ser sometido a debate en el Concejo Cantonal, asimismo convocándolo a sesiones extraordinarias con 24 horas de anticipación, lapso imposible para leer e interpretar una propuesta de más de mil hojas.
Además, la administración ejecutiva habría dejado pasar el tiempo para aprobar tales reformas, lo cual hasta podría derivar en potenciales demandas de inconstitucionalidad, e igual si llegan a aprobarse artículos así considerados.
