Asumir la emergencia declarada por el Gobierno en 2024 ante la crisis eléctrica para firmar contratos al apuro, delegando a otros la responsabilidad por hacerlo, sin tomar las debidas precauciones, peor la de averiguar la solvencia económica, técnica y moral de las empresas, resulta inadmisible y reprochable.
Y, lo peor, el Gobierno declara la emergencia, y es el mismo Gobierno, a través de sus empresas, la CELEC EP o sus Unidades de Negocio en este caso, el que comete tan crasos errores, negligencias, omisiones, adendas modificatorias, cuyas consecuencias es un perjuicio por USD 140 millones, además de postergarse, quien sabe hasta cuándo, la instalación de 241 megavatios entre las dos empresas contratadas, Progen y Austral.
Esa cantidad de energía debió ingresar al sistema nacional interconectado a finales de 2024 o inicios de 2025.
La existencia de tal perjuicio lo dice la Contraloría General tras los exámenes practicados a los dos contratos. Hay razones suficientes para determinar responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales.
Los informes serán remitidos a la Fiscalía General para las investigaciones de rigor.
La CELEC delegó a Termopichincha la suscripción del contrato con Progen y a Electroguayas el correspondiente a Austral, empresas a las cuales la dispuso pagar USD 168 millones.
Sus gerentes, incluido el de la CELEC, deberán responder, más allá de haber dispuesto el cobro de las garantías o de dar por terminado el contrato de manera unilateral, específicamente con Progen.
La Contraloría confirmó lo inaudito: una de las dos empresas instaló equipos no nuevos ni adquiridos al fabricante. Es más, fueron “revisados” por la contratante vía Zoom.
Vale preguntar, ¿esos equipos, finalmente serán puestos a funcionar?
El manejo de una crisis de tal magnitud, como lo fue la eléctrica, y podría reeditarse, no puede estar en manos irresponsables.
