Alrededor de $359 millones han recibido, desde 2008 hasta 2023, los partidos y movimientos políticos como parte del fondo partidario y el financiamiento para las campañas electorales.
Eliminar estas dádivas estatales es la propuesta del Ejecutivo, cuyo segundo debate está próximo a realizarse en la Asamblea Nacional.
De no mediar sorpresas, el proyecto será aprobado.
Si así resulta, pasará a conocimiento de la Corte Constitucional. Luego será parte del próximo referéndum.
Este financiamiento siempre ha sido cuestionado por la ciudadanía, con mayor razón por la cantidad de movimientos y partidos, la mayoría activos únicamente en tiempos electorales.
Lo concerniente al Fondo Partidario, los “beneficiarios” debían invertirlo en la formación política de sus bases. Pero la realidad demuestra lo contrario.
No hay ese tipo de formación, la calidad de la democracia es la misma, o peor; los candidatos resultan, en la mayoría los casos, un fracaso; peor existe una renovación constante de cuadros nuevos.
Para las campañas, partidos y movimientos, según los límites fijados por el CNE, reciben cientos de miles de dólares para promocionarse, como cientos de candidatos ofrecen al electorado, tras lo cual, ganen o pierdan nadie rinde conforme a la ley.
Según el proyecto, si el pueblo aprueba el fin de ese financiamiento, cada agrupación política deberá autofinanciarse, pero siempre bajo la regulación, incluyendo los límites de gasto, y el control del CNE para evitar posibles irregularidades.
Esta ha sido una de las objeciones de quienes se oponen, entre ellos algunos analistas políticos.
Habrá espacio, dicen, para el financiamiento de campañas por parte de grupos delictivos y de las “grandes chequeras” como pasaba antes.
Sin embargo, ¿quién asegura que eso no ha ocurrido desde 2028 hasta la fecha?
Si finalmente la propuesta llega para ser consultada al pueblo, se generará amplio debate.
