
El Gobierno de Ecuador inició el viernes, 27 de julio de 2025, la deportación de presos extranjeros.
La medida fue ordenada por Daniel Noboa, presidente de la República, y se aplicó a cientos de reclusos colombianos que se encontraban en diversas cárceles del país.
Los presos expulsados por Ecuador quedaron exonerados de continuar pagando la condena, por loque recuperarán la libertad al entrar en territorio colombiano si no cuentan con procesos pendientes en la justicia de Colombia.
Los primeros presos, en un número cercano a los 870 salieron de las cárceles de las provincias de Chimborazo y Carchi y Napo, por medio de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía que iniciaron desde la noche del jueves, informó Diana Pozo, gobernadora del Carchi.
Los ciudadanos colombianos deportados, con la directriz de un decreto ejecutivo y un acuerdo ministerial, salieron por el puente de Rumichaca (frontera con Colombia).
“Gracias a la colaboración de la Policía, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (Snai), se garantizó la seguridad de las personas y el orden público”, señaló.
Los primeros que ingresaron a territorio colombiano fueron aquellos que portaban cédula de identidad, y los que no tenían documentos fueron identificados por el registro de sus huellas dactilares.
Reacción de la cancillería de Colombia
Horas más tarde del inicio de las deportaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró, en un comunicado, que había expresado su «más enérgica protesta» ante el Gobierno ecuatoriano por «este gesto inamistoso» hacia su país, pues la medida se había tomado de «manera unilateral».
La Cancillería colombiana mencionó que Ecuador tomó la decisión de deportar a sus nacionales «desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, con respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado».
Y añadió que «se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atenderla situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos» en territorio ecuatoriano.
La respuesta de la cancillería de Ecuador
En un comunicado, la cancillería de Ecuador explicó que los procesos de deportación se llevan a cabo en estricto cumplimiento del marco normativo vigente, y rechazó la afirmación de una existencia de una supuesta deportación colectiva.
La entidad diplomática aseguró que la medida responde a procesos debidamente motivados y con la correspondiente boleta de excarcelación.
La repatriación fue dispuesta por el gobierno el año pasado
Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador, algo que el presidente Noboa ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de terroristas.
En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros que en ese momento eran unos 3.200 reos, equivalentes al 10 % de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana. (I)