El presidente Daniel Noboa pretende que el 14 de diciembre del 2025 los ecuatorianos acudan nuevamente a las urnas para pronunciarse sobre siete preguntas, una de estas busca eliminar el financiamiento que el Estado da a las organizaciones políticas, la cual este 7 de agosto del 2025 pasó favorablemente el filtro de la Asamblea Nacional.
Con 81 votos a favor y 63 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución, en los que se establece la existencia del Fondo Partidario Permanente y del Fondo de Promoción Electoral que, desde el 2008, le han significado al país un gasto 264 millones de dólares.
Tras la aprobación en el Legislativo, esta pregunta se une a la relacionada con el retorno de las bases militares extranjeras y serían dos, de las cinco que se plantearán, que ya superaron el análisis en la Corte Constitucional y en la Asamblea.
La reforma del artículo 110 de la Constitución establece la eliminación del Fondo Partidario Permanente, que son los recursos que todos los años entrega el Estado para que funcionen los partidos y movimientos políticos; que ahora deberán financiarse con fondos privados y de sus afiliados y adherentes.
Mientras que, el cambio al artículo 115 propone eliminar el Fondo de Promoción Electoral, que es el financiamiento del Estado a las campañas políticas, específicamente, es el pago de la propaganda de los candidatos en los medios de comunicación.
¿Cuánto ha gastado el país en los partidos?
Según la información proporcionada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre el 2008, cuando se estableció el financiamiento a las organizaciones políticas en la Constitución de Montecristi; hasta el 2023, el país gastó en el Fondo Partidario Permanente 81 millones 834 mil dólares.
En este monto no se incluye la asignación del 2024, pues el Fondo del 2023 fue impugnado, lo cual impidió que se pague lo que correspondía al año pasado, pago que todavía está pendiente.
Los que más han recibido
Esteban Torres (ADN), ponente de la reforma constitucional, presentó en el debate en la Asamblea un desglose de cuáles son las organizaciones que se han beneficiado en mayor parte de la entrega del Fondo Partidario Permanente.
Entre lo que recibió cuando se llamaba Alianza PAIS y lo que se le ha otorgado como Revolución Ciudadana, el Estado le ha entregado al correísmo 20 millones de dólares.
Le siguen en la lista el Partido Social Cristiano (ha recibido 12 millones de dólares), el Partido Sociedad Patriótica (8 millones), CREO (6 millones), el Partido Socialista Ecuatoriano (6 millones), Avanza (4,9 millones), la Izquierda Democrática (4,8 millones), Pachakutik (4,5 millones), Prian (3,6 millones), MPD (3 millones), SUMA (3 millones), PRE (2,2 millones), el Movimiento Municipalista (1 millón) y Unidad Popular (331 mil).
Héctor Tapia, experto en Derecho Electoral, señaló que el Estado, desde el 2008, le ha asignado en promedio 8 millones de dólares anuales al Fondo Partidario Permanente, el cual se ha dividido entre siete u ocho partidos y movimientos de carácter nacional, lo cual lo convierte en inconstitucional, pues la Constitución establece que la división debe ser equitativa e igualitaria.
Además, Tapia criticó el uso que se le da a este Fondo, que debe designarse a la formación de cuadros políticos, pero, según un análisis que realizó a 20 organizaciones políticas, apenas una tenía una escuela de formación y no estaba funcionando.
Gasto en publicidad
La reforma constitucional además plantea la eliminación del Fondo de Promoción Electoral, es decir, el pago de la propaganda en los medios de comunicación durante las campañas electorales.
Esteban Torres señaló que, por este beneficio que se ha dado a los candidatos el país ha gastado, desde el 2008, 182 millones de dólares; solo entre el 2017 y 2025 el monto llegó a 109 millones de dólares.
“La pregunta es si con estos fondos ha mejorado la democracia y el nivel de los políticos que tenemos es ahora mejor”, preguntó el legislador Esteban Torres.
Un retroceso democrático
Para Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la reforma constitucional significa un retroceso democrático, pues sacará de la contienda electoral a los candidatos sin recursos económicos, que no tienen para financiar sus campañas.
“El problema no es el financiamiento a los partidos, eso existe en la mayoría de los países del mundo, el problema es que aquí el CNE no controla, ni el uso de los recursos, ni la cantidad de candidatos; el cambio que se hará es peligroso, porque podrán participar solo los que tienen dinero y actualmente lo tienen las mafias”, recalcó Oleas.
Geovanni Atarihuana, dirigente del movimiento Unidad Popular, ex MPD, ve que con preocupación que con la reforma se busca beneficiar a los “partidos de banqueros y grandes empresarios, a las grandes chequeras”, afectando a organizaciones políticas como la suya que, sin los dos fondos se quedará sin financiamiento y correrán en desventaja en las elecciones.
