El 28 de agosto del 2025 el pleno de la Corte Constitucional (CC) realizó una nueva jornada maratónica, en la que se escuchó a los demandantes y a los legitimados activos (que defienden la constitucionalidad de la norma), de las demandas de inconstitucionalidad impuestas en contra de la Ley de Integridad Pública.
Aunque los jueces constitucionales escucharon a 26 demandantes, esta cantidad no llega ni a la mitad de las denuncias que la Corte ha recibido en contra de esta norma; hasta el 15 de agosto se habían presentado 61 demandas de inconstitucionalidad.
Tras 8 horas con 25 minutos, el pleno de la CC suspendió la audiencia, que se la continuará este 28 de agosto del 2025, a las 10:00.
El rechazo a esta ley se basa, según los argumentos presentados por los demandantes, en que sirvió de base para el despidió de más de 5.000 trabajadores públicos, que obliga a las cooperativas a convertirse en bancos, se le permite al Consejo de la Judicatura el declarar la emergencia en la Función Judicial y que aumenta las penas a los menores de edad.
Reclamo por los trabajadores
La mayoría de los demandantes que intervinieron son representantes de organizaciones de trabajadores, más de 30 organizaciones se unieron y coincidieron en algunos puntos, el principal: la norma precariza el trabajo de los funcionarios y les quita su derecho a la estabilidad, todo con el fin de cumplir con el compromiso que el Gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Funcionarios públicos, a pesar de contar con evaluaciones de 100/100, han sido despedidos, todo con el fin de cumplir los compromisos entre el Gobierno de Daniel Noboa y el FMI, quien se comprometió a seguir racionalizando la masa salarial, hasta llegar a 70 mil despidos en el 2029”, afirmó Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores.
Para Marcela Arellano, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols), el rediseño laboral que ha aplicado el Gobierno es regresivo, lo cual está prohibido por la Constitución; debilita la estabilidad laboral; convierte a la evaluación en un mecanismo de sanción y amplía la discrecionalidad de las autoridades.
“Deja a miles de funcionarios públicos en una situación de vulnerabilidad, esta no es una norma para combatir la corrupción, sino para normalizar la precarización en el empleo público”, afirmó Arellano.
Por su parte, Marcelo Armijos, defensor de los funcionarios municipales y de los consejos provinciales, se refirió al ataque que el Gobierno ha aplicado en contra de la Corte Constitucional y pidió que los jueces “no cedan a las presiones”.
La protección de los niños
Varios de los demandantes tampoco estuvieron de acuerdo con el aumento de las penas a los menores de edad, por ejemplo, Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados, ve con preocupación que la detención se convierta en la única medida socioeducativa que se puede aplicar si han cometido delitos sancionados con más de 5 años, vulnerando su prioridad como niños y adolescentes.
Natasha Rojas, de Unidad Popular, coincidió en que se está incumpliendo los artículos 35 y 44 de la Constitución, que establece que se debe privilegiar las medidas socioeducativas y no las punitivas, en el caso de los menores de edad.
“La imputabilidad de los adolescentes no significa impunidad, ellos deben y son sancionados, pero el Gobierno debe entender que a las infancias se las cuida, se las educa y no se las criminaliza”, afirmó Rojas.
Falta de unidad de la materia
Tal como ocurrió con la Ley de Solidaridad Nacional, que se trató el 25 de agosto del 2025, en las demandas contra la Ley de Integridad Pública también fue observada por incumplir el principio de igualdad de la materia, es decir, incluye temas que no guardan relación con el objetivo principal de la norma, que era regular la contratación pública.
Para André Benavides, abogado de la Asociación de Integración Financiero Popular y Solidario, la falta de unidad de la materia es más que evidente en el caso de sus clientes: las cooperativas, a las que la Ley Obliga a transformarse en bancos.
“Metieron por la ventana y me atrevería a decir por la rendija, textos que no tienen nada que ver con temas de integridad pública”, recalcó Benavides, quien coincidió con el resto de los demandantes en que se violentó la Constitución cuando se incluyó en la ley reformas a más de 20 cuerpos legales, que no guardan relación entre sí.
La defensa del Gobierno
Pero para Mercedes Mediavilla, procuradora del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, la unidad de la materia se sustenta en que todas las reformas añadidas tienen que ver con el combate a la corrupción y apunta a la mejora del sector público.
“Es verdad que reformamos muchas normas, pero todas están ligadas al objeto de la ley, que es la integridad de todo el sector público, de manera transversal y abarca a todas las instituciones públicas”, dijo Mediavilla.
Por su parte Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, señaló que es una irresponsabilidad, de parte de los demandantes, llamar a la ley solo de contratación pública, pues es una ley que abarca la relación del Estado con el ciudadano.
Andino también se centró en defender que se trata de un proyecto económico urgente, aunque analiza pocos temas económicos, pues calificar la urgencia económica es potestad del presidente de la República y así lo hizo Daniel Noboa.
