En referencia a situaciones complicadas que tienen que ver con la vida del Estado, desde hace algunos años vengo escuchando o leyendo aquello de las “diferencias” entre lo jurídico y lo político. Generalmente se trata de que, cuando surge una circunstancia difícil, crítica, cuya solución no aparece ni fácil ni sencilla, pues entonces se toma mano o, más bien dicho, los entendidos en la materia toman mano de este famoso recurso y sentencian con aire de gran solvencia: “lo que corresponde en este caso no es una solución jurídica sino una solución política”.
Lo grave de esta especie de “atajo”, de este “mecanismo” aparentemente salvador, es que no consta en ningún reglamento, en ninguna ley y peor en la Constitución Política de la República. En otras palabras, cuando la clase política de un país cree que para superar tal o cual problema no son ni suficientes ni claras las disposiciones legales existentes o, peor aún, que su aplicación iría en contra de sus intereses y conveniencias, pues, entonces hay que recurrir al “botiquín de emergencia” y sacar, cual conejo de una chistera, ¡una solución política! No importa que el procedimiento sea contrario al régimen jurídico vigente.
Así, los interpelantes y los voceros de los grupos políticos de oposición, para quienes la destitución del presidente Lasso se ha convertido en una verdadera obsesión, sostienen que en el juicio político al Presidente de la República, ellos no tienen que probar absolutamente nada, sino únicamente “poner” los votos para el fin de la destitución, pues no se trata de un juzgamiento jurídico sino político. Con semejante razonamiento, y si solo se tratara de contabilizar los votos, para que estar cumpliendo con todo el procedimiento constitucional que rige el juicio político al mandatario ni probando nada, en suma, haciéndonos perder el tiempo a muchos ecuatorianos que vemos con preocupación verdadera, no lo que le conviene a tal o cual partido o agrupación social, sino lo que aspira la gran mayoría de ecuatorianos: estabilidad para trabajar y producir, y unidad para enfrentar la lucha contra la corrupción y la inseguridad. (O)
