El proyecto minero Dominga, en el norte de Chile, todavía no está construido: no hay camiones, ni relaves, ni grúas. Pese a ser todavía una ilusión y estar solo sobre el papel, este yacimiento ha llevado al presidente, Sebastián Piñera, a los papeles de Pandora y ha puesto en jaque su Gobierno.
Bajo unas lomas en la región de Coquimbo, a 500 kilómetros de Santiago, se esconde una de las reservas de hierro y cobre más grandes de Chile, el primer productor cuprífero del mundo.
Allí estará emplazada Dominga, una mina de la compañía chilena Iron Andes que prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para extraer minerales durante 22 años.
Este proyecto, que ya arrastraba una década de polémicas ambientales por su cercanía a una reserva natural única en el mundo, está desde el domingo en el ojo del huracán por haber sido presuntamente vendido por la familia Piñera en las Islas Vírgenes Británicas.
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los Piñera eran los principales accionistas de Minera Dominga hasta que en 2010 la adquirió un empresario y amigo del presidente por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se negociaron en el paraíso fiscal.
EN UN SANTUARIO NATURAL
La investigación, que en Chile lideraron Ciper y Labot, difundió una controvertida cláusula del contrato de la venta de Dominga por la que se supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la mina».
Además de dos rajos a cielo abierto, la iniciativa contempla la construcción de un puerto de carga a 30 kilómetros de una reserva nacional que contiene el 80 % de la especie pingüinos de Humboldt y que centenares de científicos de todo el mundo llevan años tratando de preservar.
«La investigación arroja muchas sospechas sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto y sobre el hecho de que el área todavía no esté protegida», señaló a Efe Liesbeth van der Meer, directora de la ONG Oceana, dedicada a la protección de los océanos.
El académico Carlos Gaymer, de la Universidad Católica del Norte, aseguró a Efe que esta bahía es un «tesoro de la naturaleza» y que su alteración podría desembocar en la muerte masiva de numerosas aves, pingüinos y ballenas que encuentran en ella una zona de descanso y alimentación.
«Construir una mina aquí sería como hacer hacerlo en las Islas Galápagos. Es uno de los 92 ‘hotspot’ (puntos calientes) de biodiversidad del mundo», agregó.
«CONFLICTO DE INTERÉS»
El proyecto de Dominga fue rechazado por una comisión ambiental en 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet, pero el pasado agosto, después de que Andes Iron apelara y se judicializara la causa, recibió el beneplácito de una instancia formada por 12 personas, 11 de ellas nombradas por el Gobierno de Piñera.
«El permiso se le otorgó a un proyecto cuyo inversor era el exsocio y amigo del presidente. Se trata de un claro conflicto de interés», sentenció Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
A Dominga, agregó, se le despejó el camino permitiendo que avanzara «sin importar los escándalos de corrupción, las irregularidades y señalamientos científicos y además liberándolo de competencia».
En 2010, mismo año en el que según el ICIJ se firmó la venta de Dominga, el mandatario anunció como un hito ambiental la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la firma franco-belga Suez, que iba a instalarse en la misma zona.
Ramón Ovalle, un anciano que ostenta un negocio turístico en la costa, afirmó a Efe que estaba allí cuando Piñera anunció la clausura: «Vino aquí y nos prometió que no iban a poner una termoeléctrica para cuidar la fauna, pero ahora uno no le cree nada».
Piñera, quien posee una de las mayores fortunas del país y dejará el poder en marzo de 2022, aseguró que «no hay ningún conflicto de interés» y que se desligó de la administración de las empresas familiares en 2009, antes de ser mandatario.
«Los hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales en 2017. La Fiscalía recomendó terminar con la causa», aseveró el presidente, sobre el que sobrevuela un juicio político.
LAS DOS CARAS DE DOMINGA
Los papeles de Pandora han acrecentado las tensiones de la comunidad local, donde Dominga tiene adherentes y detractores. En La Higuera, una humilde localidad de tradición minera, los vecinos y autoridades ven una oportunidad para salir adelante.
«Aquí no tenemos supermercados ni hospitales, somos pobres, pero debajo tenemos minerales que podrían traernos mucho desarrollo», explicó a Efe Johanna Villalobos, portavoz de una plataforma vecinal.
Andes Iron, que declinó dar declaraciones a Efe, defiende que Dominga traerá de forma directa o indirecta más de 45.000 empleos y que parte de los beneficios se reinvertirán en esta localidad.
A unos 50 kilómetros, en la costa, habitada por pescadores tradicionales y buceadores, lo tienen claro: la instalación del puerto va a ser un «ecocidio».
«Nuestra cultura y fauna está en peligro, no queremos 25 años de extractivismo y que la gente de las minas se llene los bolsillos», afirmó a Efe Elías Vargas, pescador de la caleta de Punta de Choros.
Durante la entrevista el agua se embraveció y una ola sobrepasó el embarcadero: «La Pachamama se está pronunciando, no quiere vertidos mineros», bromeó Josué Ramos, otro pescador. EFE
