La de algunos economistas de insistir en achicar el tamaño del Estado, en tener un Estado raquítico. Por qué no más bien obsesionarnos en contribuirle al Estado, de darle soluciones creativas para ajustarnos y adaptarnos a los cambiantes entornos, de exigir a nuestros “líderes de opinión” que ayuden a pilotar el cerebro de nuestra sociedad para interactuar mejor, no buscando hacer trampa una vez hecha la ley, sino haciendo de ella nuestra guía de conducta. Es hora de acercar cuidadosamente, las cuestiones “positivas” a las “normativas”, si bien en la economía positiva se intenta determinar cómo se asignan los recursos de una economía, una aplicación algo distinta es la normativa, la cual adopta una postura definida sobre lo que se debería hacer, en este sentido los que conducen el Estado debería actuar bajo la ética, la moral y la justicia.
A partir de este año 2022, las empresas deberían abrir el espacio para que la academia pueda estudiarlas y proveerlas del instrumental fundamental para la determinación de las funciones de producción y la medición de sus curvas de productividad, así como determinar su trayectoria de expansión. De su parte el Estado debería discutir la posibilidad de realizar una reforma en profundidad de la fijación de reglas fiscales.
Dos son los factores en los que debe incidir el proceso de reforma. El primero es, sin duda, la sostenibilidad de la deuda pública, por un estudio empírico reciente en la academia se determinó que aún es posible sostener una deuda (con calidad) mayor a la actual, y no podría ser considerada insostenible, ya que países con deudas mucho más abultadas no están teniendo problemas de financiación en el mercado. La política monetaria del Banco Central debería ayudar a mantener la prima de riesgo particularmente baja y estimular a la banca a una reducción significativa de tasas de interés. El segundo factor es la necesidad de mantener espacio fiscal para eventuales crisis en un futuro lleno de incertidumbres. Si la deuda pública es demasiado alta, el espacio fiscal se reduce impidiendo el adecuado despliegue de políticas contracíclicas. (O)
