Es condenable, como lo es todo atentado criminal, el perpetrado este lunes en contra de Baldor Bermeo, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
Según la información difundida, Bermeo, como todos los lunes, madrugaba para atender, junto con funcionarios municipales, a los ciudadanos, seguramente sobre sus necesidades y reclamos.
Fue atacado a bala, y, por la gravedad de las heridas, traslado de urgencia a una casa de salud en Machala.
Baldor Bermeo intentó la reelección, pero no lo consiguió, como la mayoría de alcaldes azuayos cuyas aspiraciones eran las mismas.
Antes de activar en política, su vida está dedicada a la minería y al deporte en calidad de dirigente. Un equipo de fútbol lleva su nombre, participando en los torneos zonales con relativo éxito.
La principal actividad económica de Ponce Enríquez es, desde hace décadas, la explotación minera, incluyendo la informal cuyos efectos nocivos causan grandes e irreversibles devastaciones, a más de fomentar la inseguridad en todas sus formas.
Aquel no es el caso del susodicho alcalde; es decir la suya la desarrolla dentro del marco legal y ambiental.
Asesinatos, robos, atentados, deslaves, requisas de maquinaria para la minería ilegal, son siempre una constante en aquel cantón.
La Policía Nacional, conjuntamente con Fiscalía, determinarán las causas del atentado criminal, previo a descubrir a los autores intelectuales y materiales, tareas siempre complejas, cuando no, dilatadas en el tiempo.
Si por la actividad económica de Bermeo no serían las causas para atacarlo de esa manera, ni pensar por las de índole política, mucho peor si él perdió las elecciones. ¿Entonces? Insistimos, las investigaciones de autoridad competente despejarán la incertidumbre, mientras más pronto, mejor.
Ese atentado se suma a otros cometidos en contra de otros alcaldes, en especial durante la campaña electoral; y, en general al ambiente de total inseguridad reinante en gran parte del país.
