En el Ecuador, donde el crimen organizado mata “hasta por si acaso”, el asesinato de al menos doce periodistas desde 2005 pasa desapercibido o ignorado a propósito.
Este jueves 2 de noviembre de conmemoró el Día la Impunidad contra los Periodistas, declarado por la ONU en 2013.
Son diez y ocho años de impunidad. Según la ONG Fundamedios, casos ampliamente conocidos por su repercusión siguen en expedientes de procesos judiciales. Entre ellos los asesinatos de Fausto Valdiviezo (2013) y del equipo periodístico de diario El Comercio (2018). La información de seguridad sobre este último no ha sido desclasificada por considerársela “secretísima” hasta después de quince años.
La mayor parte de los asesinatos ocurrieron en la década de 2010. Algunos no han sido tipificados como tales por la justicia, pero tampoco han sido resueltos.
A raíz del recrudecimiento de la violencia criminal, varios comunicadores han abandonado el país ante amenazas hechas por grupos delictivos.
El Gobierno ya emitió el Reglamento de la Ley de Comunicación. Esto permitirá elaborar el mecanismo de protección para los periodistas tantas veces reclamado; pues desempeñan su trabajo en total indefensión.
Ese mecanismo debe elaborarlo el Consejo de Comunicación. Según el Reglamento, ya no será una institución ligada al Ejecutivo como lo estuvo por tantos años, acaso para promover la impunidad, amedrentar periodistas y medios de comunicación independientes.
Ahora es un cuerpo colegiado, integrado por delegados de otras entidades, como Fiscalía, de los gremios periodísticos y Ministerio de Defensa.
Empero, su operatividad depende del presupuesto. Corresponde al Estado entregarlo. Varios organismos internacionales le obligan a cumplir.
La presidente del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz, espera reunirse con el mandatario electo Daniel Noboa para informarle, incluyendo datos sobre el aumento de amenazas a los periodistas.
Si el Estado no protege a su población, en este caso a los periodistas, ¿quién?
