La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció este miércoles que su titular, Freddy Carrión, recibió varias amenazas de muerte por ejercer sus atribuciones en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en su país.
En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo, aunque no identificó a los presuntos instigadores, indicó que su máxima autoridad «ha recibido varias amenazas de muerte a causa de su coherente, así como legal y constitucional accionar, en su lucha por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza».
Además, recordó que Carrión «ha venido recibiendo por parte de ciertos medios de comunicación» y de usuarios de redes sociales, «falsas acusaciones y ataques con enfoque político, producidos a partir de especulaciones».
Dichos ataques, prosigue el comunicado, «devienen de su accionar en la tutela de los derechos» de los ciudadanos «en torno a las vulneraciones registradas en el contexto del paro nacional de octubre de 2019».
Se refirió a las duras protestas sociales que se registraron en octubre pasado contra unos ajustes económicos dictaminados por el Gobierno y que dejaron una decena de personas muertas, 1.300 heridas y más de mil detenidas, según cifras de la Defensoría del Pueblo cuestionadas por autoridades del Ejecutivo.
Ecuador vivió entre el 3 y 13 de octubre de 2019 una oleada de disturbios y protestas por la eliminación de los subsidios a las gasolinas, una decisión tomada por decreto por el presidente del país, Lenín Moreno, en el marco de un acuerdo crediticio por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las protestas terminaron una vez que Moreno derogó el polémico decreto tras alcanzar un acuerdo con los líderes indígenas de las protestas.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo atendió varios reclamos sobre las presuntas vulneraciones a los derechos humanos cometidas por los agentes policiales y militares durante las manifestaciones.
Incluso un informe en ese mismo sentido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido cuestionado por las autoridades ecuatorianas que han tildado de «subjetiva» la percepción del organismo regional.
La Defensoría del Pueblo, sobre las amenazas recibidas por su titular, explicó que ya ha presentado la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado y señaló que «estará vigilante de las acciones que ejecute (el Ministerio Público) para precautelar la seguridad de la máxima autoridad en derechos humanos de Ecuador».
Ante esta denuncia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante del país y que lideró las protestas de octubre, expresó hoy su solidaridad con el defensor del Pueblo.
«Nuestro respaldo a la Defensoría del Pueblo en su labor fundamental en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de verdad y justicia», señaló la Conaie en un mensaje en su cuenta de Twitter. EFE
