Pobladores de varias comunidades de Honduras y El Salvador se manifestaron este martes en defensa del agua, cuya escasez atribuyen a empresas extractivistas que causan daños al bosque y a las cuencas hidrográficas.
Raquel Cruz, activista de la comunidad de Reitoca, del departamento hondureño Francisco Morazán (centro), dijo a Efe que la lucha en su comunidad es contra una hidroeléctrica que los está dejando sin agua.
«Una empresa hidroeléctrica ha entrado a hacer la represa y nos está cercando el río, el único que hay en el pueblo. Por eso estamos luchando, que no hagan esa represa, porque no tenemos agua», agregó.
Cruz subrayó que la empresa denunciada en Reitoca, pueblo de unos 16.000 habitantes, «tiene todos los poderes, del Estado, de los militares y el dinero» y ha advertido que esta semana va a entrar de nuevo para continuar con su proyecto, que todavía no está funcionando.
«NOS ESTÁN DEJANDO SIN VIDA»
La mujer afirmó que la empresa pretende entrar, pese a que el Ministerio Público le ha instruido para que no lo haga porque no tiene permiso, ni ha hecho una consulta con el pueblo para conocer si quiere la construcción de una hidroeléctrica.
«Nosotros no íbamos a aceptar que esa represa la hicieran, por lo mismo, porque es el único río que tiene Reitoca» y por cuya defensa dos de sus habitantes han sido acusados judicialmente, agregó.
«Nos están dejando sin la vida, nos vamos a morir ahí», expresó Cruz, quien además señaló que los pueblos vecinos de Alubarén y Curarén también están afectados por el proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en ese sector cercano a Tegucigalpa.
ENCUENTRO DE PUEBLOS
Al «Encuentro de los pueblos por el Agua. Defensa del agua, defensa de los ríos y área protegida», que se celebró en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, asistieron pobladores de varios departamentos del país.
Juana Zúniga, procedente de Guapinol, en el departamento caribeño de Colón, dijo a Efe que en su comunidad viven «bajo un sistema donde se está judicializando y encarcelando a compañeros solo por defender el agua».
Uno de los ocho encarcelados en ese sector es su marido, de quien no precisó el nombre.
En Guapinol, según Zúniga, la protesta es contra una empresa minera que está afectando el ambiente.
SITUACIÓN ES PARECIDA EN VARIAS COMUNIDADES
El abogado Eddy Tábora, quien lleva la defensa de varias comunidades afectadas por los daños al ambiente, expresó a Efe que «la situación es muy parecida» en casi todas las poblaciones, porque todo comienza con una concesión sobre temas de energía, minería o agroforestal, lo que tiene que ver con el extractivismo.
Esas concesiones son «ilegales a través de mecanismos administrativos que no reúnen los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado o en los temas de las leyes de energía», que luego pasan al Congreso Nacional, «donde generalmente se dispensan los dos debates, se someten a uno solo, sin hacer ninguna discusión amplia», afirmó.
«Aprueban los contratos, no hacen consultas a las diferentes comunidades, luego resulta que las comunidades no tienen ninguna información, y lo que hacen, en el marco de la desinformación que hay, es realizar mecanismos de resistencia popular a través de campamentos, de resistencia de calle o solicitudes de información», explicó Tábora.
Por parte del Estado y las empresas extractivistas, lo que hacen es usar mecanismos de violencia, la estigmatización, amenazas, asesinatos o la criminalización, «que es un elemento que está muy presente en este momento, con diferentes acusaciones en diferentes partes del país, con ocho presos de la resistencia que hay en Guapinol», dijo el abogado.
Entre otros municipios afectados por daños al ambiente figura el de Guajiquiro (vocablo indígena que significa «canasta de agua»), en el departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador, con un proyecto hidroeléctrico ligado a una diputada ante el Parlamento hondureño por el gobernante Partido Nacional.
Tábora señaló que en el caso del proyecto hidroeléctrico en Reitoca, todavía no está instalado, pero que hay irregularidades en el proceso de concesión.
APOYO DE EL SALVADOR
Al encuentro también asistieron representantes de comunidades de El Salvador, donde el agua que se consume se recibe en gran parte de Guatemala y Honduras, a través del río Lempa, fronterizo, y otras fuentes.
Bernardo Belloso, directivo de la Alianza contra la Privatización del Agua de El Salvador y la Alianza Centroamericana contra los Proyectos de Extractivismo, dijo a Efe que vinieron al encuentro en Honduras en solidaridad con los pueblos defensores del agua.
«Es un esfuerzo que estamos haciendo diferentes organizaciones a nivel centroamericano con el compromiso por la defensa de los bienes comunes, dado que son recursos que están siendo amenazados por la industria extractivista a nivel regional y a nivel nacional», añadió.
En su opinión, hay una necesidad de hacer resistencia «a estos modelos de proyectos que no traen nada bueno hacia las comunidades, ningún desarrollo, simplemente lo que traen son procesos de violaciones a derechos humanos, pero también un fuerte deterioro a los ecosistemas».
En enero pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que vetará una ley de agua que no garantice el derecho humano a este recurso y señaló que es «necesario» abrir el debate sobre una norma al respecto que es analizada en el Parlamento. EFE
