Toda forma de gobierno pretende un ordenamiento político que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. La democracia que, superando los absolutismos de la monarquía, es hoy la más generalizada organización política en el mundo, considera de especial importancia la práctica de la libertad de los ciudadanos y su participación mediante elecciones en la escogencia de los gobernantes que ofrecen puntos de vista del gobierno que pretenden ejercer. Más allá de los principios, el ejercicio del poder en este sistema conlleva la puesta en práctica de normas jurídicas que organizan la sociedad política.
En los países latinoamericanos, que optaron por este sistema, su funcionamiento ha sido defectuoso y los gobiernos legitimados por la elección popular han sido interrumpidos por dictaduras cuyos gobernantes ejercen el poder por el control de la fuerza. En los últimos tiempos han desaparecido este tipo de dictaduras, pero hay otras que, manteniendo la imagen de democracia, los dictadores recurren a una serie de artificios para concentrar el mando en una sola persona, acaparando mañosamente todos los poderes, rompiendo el principio de su autonomía y separación para que haya un control interno.
Venezuela es un ejemplo. El ejecutivo controla el poder judicial y, con descaro, pretende apoderarse del legislativo -última huella de real libertad electoral- tomándose el espacio donde funciona y llamando a nuevas elecciones cuyos resultados están amañados, pues el poder electoral está en manos del dictador. Lo que controla son las fuerzas armadas, vergonzosa organización cómplice de este totalitarismo. Los resultados son lamentables. Ni en ciencia ficción ha habido una cotización del dólar de 74.842.72 bolívares. Más del 10 % de ciudadanos han tenido que salir para poder subsistir en otros países y es uno más inseguros del mundo. Todo esto en un Estado que cuenta con una de las reservas mayores del mundo de oro negro. Es el resultado del Socialismo del siglo XXI.
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