Era la madrugada, cerca de las 03:00, del 28 de julio de 2017, cuando miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía Nacional, allanaron una vivienda en el cantón Sígsig, en la provincia de Azuay.
Allí detuvieron a Manuel Isidro Bravo Nugra investigado por tráfico ilegal de migrantes. Unos 11 meses después, el 7 de junio de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Azuay lo sentenció a 22 años de prisión.
La condena a Bravo marcó un antes y un después en la justicia azuaya y del país, dado que anteriormente ningún autor de este tipo de delito había sido castigado con una pena tan alta.
Y es que a partir de 2014 los jueces comenzaron a sancionar a los responsables de estos casos con el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que endureció las sentencias.
Rubén Medina, abogado e investigador en derecho penal, explica que este cuerpo legal establece que cuando están involucrados menores de edad o haya muertos el tiempo de reclusión incluso es más de 25 años.
El artículo 213 del COIP señala: “Tráfico ilícito de migrantes: Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.
“De acuerdo con mi experiencia poner penas más duras por ejemplo en esta clase de delitos funciona. Los traficantes de personas estaban acostumbrados a pagar penas ínfimas antes y ahora ya lo pensarán dos veces…”, expresa.
A Bravo, quien cumple su pena en el Centro de Rehabitación Social (CRS) Sierra Centro Sur, las autoridades lo responsabilizan de llevar ilegalmente a José Vicente Morocho Nivicela, de 34 años, a los Estados Unidos (EE.UU), por tres ocasiones.
La primera y segunda vez Morocho llegó hasta Centroamérica y fue deportado. El tercer intento fue en enero de 2017 y arribó a México. Allí falleció ahogado en el río Bravo cuando intentó cruzar la frontera a EE.UU.
Aunque sabe que nada le devolverá la vida a Morocho, Carlos Nivicela, su amigo, quien también fracasó en su intento de ingresar ilegalmente a EE.UU., en 2016, dice sentirse satisfecho con esta condena.
Quienes no están complacidos con la sentencia que le dio el Primer Tribunal de Garantías Penales de Azuay a otro coyotero: Edgardo Abrahám Nivelo Cárdenas, son los familiares de Brucel Alberto Buñay Bermeo.
A Nivelo este tribunal le impuso, en 2008, una pena de dos años de prisión correccional, pero salió en libertad antes de cumplir este tiempo. El proceso de su juzgamiento consta con la serie 01901-2008-0023.
Fue demandado por María Dolores Bermeo, madre de Buñay, que hasta la fecha continúa como desaparecido. El 7 de junio de 2007, cuando tenía 23 años, emprendió viaje con destino a EE.UU. Es de Azogues, en la provincia de Cañar.
Viajó junto con Pablo Mauricio Vélez López, de 19 años; Jorge Rigoberto Jara Jara, de 20; Jorge Eladio Sigüenza Suárez, de 20; y Luis Octavio Vélez Vélez, de 29 años. Solo este último apareció pero hasta la fecha no recupera la memoria.
Lo único que se sabe con certeza es que todos llegaron a Colombia y que algunos de ellos se comunicaron con sus allegados antes de embarcarse en una lancha para ir por el mar hasta Nicaragua.
En un caso similar, en marzo de 2009, el Juzgado Primero de lo Penal de Azuay llamó a juicio a Wilman Hermidas Bermeo Escandón, por la desaparición de 10 migrantes ecuatorianos en Colombia.
Entre ellos: Rosa Verónica LLivipuma Pugo; Diego Fernando Llanos Llivichuzca; Klenfor Campoverde; Luis Angel Balbuca Llivichuzca; Edgar Guillermo Ñugra Marín; Jaime Leonidas Sinchi Tenemaza y Julio César Palma.
También: Julia Alejandrina Gutama; Gilberto Marcelo Cedillo; Carlos Macas; y como denunciante consta Blanca Ximena Montesdeoca Llanos. La acusación fue por tráfico de migrantes.
El proceso judicial consta con la serie 01651-2007-0438 y en una parte de su contenido señala lo siguiente: “resuelve dar inicio a la presente instrucción fiscal en contra de… sin la presencia del imputado…”.
Aismismo: “por el delito de Tráfico Ilegal de Migrantes, tipificado y sancionado en el artículo 440 del Código Penal… El viaje costaba doce mil dólares, que el viaje sería en avión…”.
Según denuncias de allegados de los hoy extraviados, el 10 de febrero de 2007 inició el trágico suceso que terminó en la desaparición de los compatriotas. No hay una sentencia que conste en expedientes digitalizados.
Quien sí fue sentenciado por un caso de coyoterismo es Raúl N., quien permaneció dos años y siete meses en la cárcel. Ingresó en 2011 y salió libre en 2013. Fue acusado de cómplice del delito de tráfico de migrantes.
Aunque en parte acepta su responsabilidad sostiene que la condena fue una injusticia, porque jamás se dedicó a llevar a migrantes ilegales a EE.UU., sino que su trabajo era trasladar personas en su taxi a algunas ciudades del país.
“En ese entonces yo trabajaba con un señor que me decía que ayudaba a la gente a salir del país para que pueda reunirse con su familia… Me llamaba y me decía que le haga las carreras y yo le hacía porque ese era mi trabajo…”, refiere.
Y añade: “algunas veces sospechaba que eran migrantes porque en el camino algunos lloraban, pero casi no me contaban y tampoco yo les preguntaba mucho porque me gusta ser discreto en el trabajo (…)”.
Un día a inicios de 2011 fue detenido en Quito por agentes de la Policía Nacional que estaban de civil. Revela que lo único que le dijeron es que había sido denunciado por coyotero.
Raúl N., iba al menos tres veces por mes con pasajeros a Manta, Quito, Guayaquil y Salinas, y unas pocas veces a Puerto Hualtaco, en el límite de la provincia de El Oro, con Perú.
Ahora se dedica a la venta de pollos y asegura que por temor a represalías no denunció a quien considera que era el verdadero coyotero: un hombre de la tercera edad, oriundo de Gualaceo, que ahora vive en EE.UU.
Indica a partir de esta experiencia conoció como funciona el coyoterismo, y que ahora ya no es un negocio rentable para quienes se dedican a esta actividad, pues los migrantes prefieren contratar a coyoteros en México.
“Ahora como ya se puede entrar a México sin visa la gente prefiere comprar un tour que le cuesta unos 2.000 dólares y de allí en México ve a un pasador y pasa a Estados Unidos (EE.UU.) con unos 4.000 más…”, dice.
