Resulta irónico tener que tomar medidas de carácter penal para asegurar que niños y niñas puedan ir a la escuela de forma segura en el país, pero esa es la realidad en la región y el mundo, Según datos estatales analizados por Human Rights Watch entre 2014 y 2020, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas en Ecuador
A raíz del caso de Paola Guzmán y el fallo de la CIDH, el estado ecuatoriano generó un programa específico para erradicar, prevenir y atender el acoso y la violencia sexual en el ámbito educativo, sin embargo, las cifras no disminuyen, el estado aún no implementa las medidas de reparación a las que está obligado.
Es urgente desnaturalizar la violencia sexual, más aún la que afecta a niñas y niños, bajo argumentos terroríficos como aquellos en los que se los acusa de seductores. Enfrentar una realidad oscura como el incesto, la pedofilia y la pederastia es una tarea aún más urgente que la penalización no ha logrado frenar; tampoco lo es esperar que niñas y niños denuncien y se cuiden de sus agresores, pues son quienes los educan y los cuidan, el 80% de delitos sexuales contras menores ocurren en el ámbito familiar. Es necesario hablar más del tema y escuchar a nuestros niños. (O)
