En el Gobierno y en la Asamblea Nacional se acusan mutuamente de utilizar la aprobación o negación de las leyes para vengarse unos de otros.
Se ahonda en la pugna entre el Gobierno y la nueva mayoría que se ha conformado en la Asamblea Nacional, integrada por el Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) y Construye; mutuamente se acusan de usar la aprobación o el rechazo de las leyes como venganza.
La nueva disputa se originó porque la noche del miércoles 5 de junio del 2024 el presidente Daniel Noboa vetó de forma total la Ley que permitía la entrega directa de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sin pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas; para los legisladores, esta decisión es parte de una venganza del Gobierno porque en la Asamblea se le puso límites a su capacidad de veto parcial de las normas.
Según señaló Esteban Torres, viceministro de Gobierno y vocero del Régimen, la decisión de vetar totalmente esta Ley se tomó porque con la norma se cercenaba en ingresos al Estado, destinando directamente los recursos a los gobiernos locales que, en muchas ocasiones, los desperdician en cosas innecesarias, como conciertos.
Para el asambleísta Gabriel Bedón (Construye) es evidente que el Gobierno vetó totalmente esta norma para que sus observaciones no sean sometidas al análisis en la Asamblea, pues gracias a una enmienda constitucional aprobada en el Legislativo, el veto parcial perdió peso y los legisladores requieren una votación mínima para ratificarse en su texto inicial.
“El Gobierno, al estilo de una vendetta, de políticos viejos y obtusos, hace un veto total a algo que beneficia a todos los ecuatorianos, porque los GAD los integramos todos”, puntualizó Bedón.
Archivan Ley de Seguridad Digital
Antes de que se instale el pleno de la Asamblea Nacional para el segundo debate de la Ley de Seguridad Nacional, la asambleísta Inés Alarcón (ADN) se anticipó a decir que, como parte de un nuevo capítulo de la pugna entre el Gobierno y la Asamblea, la norma no contaría con los votos para ser aprobada, según ella, como una venganza de la oposición al Gobierno, por haber vetado la ley de los GAD.
“Hay que diferenciar algo, una cosa es la esfera política y otra cosa es lo que vive el país en seguridad, estamos hablando de leyes de seguridad nacional, no podemos permitir que un revanchismo político, de las viejas prácticas políticas, no permitan que se apruebe una ley que beneficia al pueblo”, señaló Alarcón.
Efectivamente la norma no contó con los votos para ser aprobada y se ordenó su archivo con 75 votos a favor, pero, según el legislador Leonardo Berrezueta (RC), la decisión no obedeció a una venganza, sino a que la ley estaba mal elaborada y el oficialismo se negó a incluir las observaciones que se hicieron después del segundo debate.
La Ley de Seguridad Nacional había recibido críticas de las empresas de comercio, pues, según señalaron, bloqueaba la inversión, al ser excesivamente punitiva y sancionadora.
No faltaron las agresiones
La pugna entre el Gobierno y la Asamblea escaló de nivel y llegó a las agresiones verbales, mientras el presidente de la Asamblea llamó chismoso al vocero del Régimen, Torres le advirtió que cuide su cargo, pues planificarían destituirlo.
Ante el pedido que Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, le hizo al Gobierno para que cambie de vocero, Esteban Torres le pidió respeto a la división de poderes y recalcó que quien sí podría ser cambiado es él, porque así se lo discute “en los pasillos” de la Asamblea.
En respuesta, Kronfle acusó a Torres de ser el “chismoso del Gobierno”, de falta de transparencia y le confirmó que, como lo señaló el viceministro, la Asamblea solicitó a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el veto total al Código de la Función Judicial, porque consideran que el veto debió ser por constitucionalidad y no total.
Bloqueadas las transferencias directas a los GAD
La Ley Orgánica para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que fue aprobada por la Asamblea el 7 de mayo del 2024 y que fue celebrada por los gobiernos locales, fue vetada totalmente por el Gobierno, lo que la deja sin la posibilidad de volver a ser tratada en un año.
Pese a que Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), había anticipado que se negociaba con el Gobierno para que no se aplique el veto total, la decisión fue radical y se negó la posibilidad de que se termine con los atrasos permanentes del Ministerio de Economía.
A través de un comunicado conjunto, los organismos que agrupan a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales rurales lamentaron el veto total a la norma y señalaron que seguirán opciones para garantizar la transferencia de sus recursos.
