El país se aproxima, no lo dude, a momentos de conflicto institucional. Habrá choque de órganos.
Para cuando llegue el momento, hay que recordar. Mejor sin apasionamientos. El deber de una Corte Constitucional es tutelar —por encima de la ideología o visión personal— la Constitución. Cuidar la Constitución impone un ejercicio de control al poder (económico, político, mediático, mayoritario, incluso abanderado por discursos de moda). La Corte es guardián constitucional. De hecho, el sistema jurídico en sí mismo es un límite a la política o a las ambiciones humanas. Por eso se regula.
Desde la vigencia de la Constitución de 2008 hemos visto a Cortes Constitucionales de todo tipo. Inclusive una que se autoproclamó como tal. Otra que dijo que un presidente debía ser enjuiciado políticamente por las pruebas que no hay. En la mitad también hubo una muy buena Corte que presidió el Prof. Hernán Salgado. Ahora bien, siempre una Corte tiene polémicas y no tan polémicas decisiones. Incomoda a alguien. Decide en una línea, no puede decidir en dos. Por ejemplo, la Corte colombiana frenó la tercera elección del presidente Álvaro Uribe aprobada en Ley por inconstitucional (más allá de los pedidos populares). El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia hizo lo propio cuando Evo Morales quiso abrir la reelección indefinida (más allá de los pedidos populares).
Las varias demandas ingresadas a la Corte por inconstitucionalidad de las leyes flash (urgencia económica) serán las productoras de una tensión orgánica. La Ley de Solidaridad tiene menos problemas y debería quedar vigente. La Ley de Inteligencia debe ajustarse (la Corte puede hacerlo con una sentencia aditiva que incorpore lo que falta para la constitucionalidad de la norma). La Ley de Integridad tiene dificultades mayores por los vicios en el procedimiento o forma en su creación; en el fondo, también (su vigencia será cuesta arriba).
Entonces, no es tan difícil avisorarlo. La historia lo cuenta. El conflicto llegará cuando la Corte haga sus deberes —si los hace con oportunidad, que está demorando— y el Ejecutivo y Legislativo apunten contra ella. La señalen. Se dirá de todo. Que están con la violencia. Que no defienden al país. Que no ayudan a depurar al Estado. Y más. Entonces ahí hay que recordar que se sugirió -en varias ocasiones- cómo mejorar las normas y cómo ajustarlas. También se analizó que con la potestad de veto presidencial se podía corregir. Nada se escuchó. Luego, habrá que recordar que la actual Corte se integra con candidatos enviados por la propia Presidencia y Asamblea. Y después, volver a recordar que el rol de la Corte es ser guardián de la vigencia de la Constitución. Nos guste o no. Eso es Estado Constitucional. (O)
@jchalco