La decisión política de focalizar el subsidio a los combustibles constituye un reto de impredecibles consecuencias políticas y sociales.
Los ecuatorianos las conocen de sobra cuando gobiernos anteriores se atrevieron a tomarla.
Ahora vuelve al ruedo político tras el compromiso asumido por el Gobierno actual para acceder a un crédito de USD 4 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, además de otros como el de “aclarar” la deuda del IESS con clínicas y hospitales privados, estimada en USD 297 millones hasta noviembre de 2023. No deja de ser una novedosa “imposición” del FMI.
Según el Régimen, se mantendrá el subsidio al gas y al diésel. Se eliminarán los de las gasolinas extra ($ 0,59 por galón) y ecopaís ($ 0,80 por galón).
A cambio, se entregarán compensaciones a los sectores más vulnerables, entre ellos a los taxistas.
De acuerdo al ministro de Energía (e) Roberto Luque, no será una focalización propiamente dicha, sino una indemnización en función del consumo diario. Esto evitará fijar doble precio para aquellos tipos gasolinas; pero nadie habla de mejorar su octanaje.
El Gobierno ha invitado al diálogo a los diversos sectores sociales y políticos para ponerles al tanto su plan acordado con el FMI.
Vale ese y otros encuentros para evitarle al país desangre, muertes, heridos y millonarias pérdidas económicas como las ocurridas con los levantamientos ocurridos en 2019 y 2022.
También vale analizar el planteamiento de la Conaie: quitar el subsidio a las industrias atuneras, camaroneras y mineras. Esto permitirá recuperar $1.400 millones.
Esa organización indígena, protagonista de aquellos violentos levantamientos, ha convocado a asambleas para analizar la decisión del Gobierno, sin descartar potenciales movilizaciones. Uno de los sectores invitados es el de los transportistas.
Nada más letal sería para el país nuevas crispaciones sociales, superables si prima la razón y la buena fe en los diálogos.
