Una nueva reforma electoral es necesaria para fortalecer la participación política de las mujeres y evitar retrocesos en los hitos conseguidos. A partir de normas que aseguren la efectividad de la paridad y fortalecer las disposiciones sobre violencia política de género, para garantizar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia. Dentro del fortalecimiento de la participación política se busca determinar de manera obligatoria que las organizaciones políticas registren candidaturas principales de mujeres en territorios de alta y media competitividad, así como también que el CNE cumpla con la obligación de generar la información y publicarla con la convocatoria a elecciones y controlar de manera oportuna a las organizaciones políticas.
Asimismo, la existencia y disposición de recursos para las candidatas se determine de manera obligatoria con un 30% en forma progresiva en cada cuenta de cada dignidad, binomio, lista y jurisdicción, con la correspondiente verificación y control del CNE. Además, la inclusión del principio de no discriminación y el principio claro y definido de la prevención de la violencia política de género, que sea no solo para que aquellos que hayan sido sancionados por la normativa, sino que también se genere campañas de educación y que el Instituto de investigación, capacitación y promoción electoral genere los respectivos análisis y estudios del tema.
Adicionalmente, se ha determinado necesario la creación de la Unidad Técnica de Investigación especializada –TCE, para el asesoramiento, apoyo y seguimiento de las denuncias y casos que se presentaren. Finalmente, la incorporación de reglas específicas para el análisis de los distintos casos, que deberá tener en cuenta la no revictimización, el asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, medidas de protección vinculadas a LOPEVCM, así como también que dentro del proceso se contemple el enfoque de género e interseccionalidad, que se de el seguimiento a las medidas dispuestas, que la recopilación de pruebas sea través de la UTEI; que los principios de privacidad y confidencialidad a las víctimas sea respetado y que la sentencia contemple medidas de protección y medidas de reparación.
De esta manera se busca dejar una línea base sólida, con reglas claras para que la participación y presencia de la mujer en la política y en lo público guarde las garantías necesarias para su desempeño y participación igualitaria. (O)
