Hay dudas sobre muerte de Carlos Flores, femicida de Cristina Palacio

Familiares de Cristina Palacio en varias ocasiones ha realizado plantones para exigir justicia.
Familiares de Cristina Palacio en varias ocasiones ha realizado plantones para exigir justicia.

Existen interrogantes en torno a la supuesta muerte de Carlos Flores Santander. Condenado por el femicidio de Cristina Palacio y considerado prófugo de la justicia de Ecuador.

Según Juan Carlos Salazar, abogado de la familia Palacio, la situación es cuestionable debido a la cadena de eventos que rodean su presunta defunción.

Flores Santander fue sentenciado a 34 años de cárcel en el 2017 por el femicidio de Palacio. Sin embargo, en marzo del 2023, fue liberado mediante un habeas corpus bajo el argumento de:

Preservar su derecho a la salud para recibir tratamientos médicos por una enfermedad catastrófica.

El caso tomó un giro aún más intrigante cuando, en junio del 2024, se dio a conocer que una partida de defunción. Esta indicaba que Flores Santander habría fallecido en Venezuela el 23 de abril del 2023. Apenas un mes después de su liberación.

Sin embargo, la notificación de su muerte se hizo pública recién en junio del 2024, lo que levanta sospechas sobre la veracidad del documento y la cronología de los eventos.

Asambleísta pide información de muerte de femicida

Adrián Castro, asambleísta del Azuay y vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, ha solicitado información y documentación detallada sobre la defunción de Flores Santander.

Entre las solicitudes se encuentran una copia certificada de la partida de defunción, certificación de autenticidad y proceso de registro, información sobre solicitudes de asistencia consular realizadas por el fallecido y detalles del procedimiento seguido en Venezuela para verificar la autenticidad del documento presentado.

Dudas en transparencia judicial

La incertidumbre en torno a la muerte de Flores Santander plantea nuevas preguntas sobre la eficacia y transparencia del sistema judicial ecuatoriano, mientras que la búsqueda de respuestas continúa por parte de las autoridades y la familia de la víctima. (I)