La defensa del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, en prisión desde diciembre de 2017 por un caso de asociación ilícita relacionado con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Oderbrecht, pidió este jueves su cambio de una prisión de máxima seguridad a una cárcel menor en Quito.
Fausto Jarrín, abogado de Glas, indicó a Efe que esta petición se basa en el otorgamiento de medidas cautelares en favor de Glas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para «proteger los derechos a la vida e integridad personal» del exvicepresidente.
Jarrín precisó que este viernes empezará un proceso de acercamiento con el Estado ecuatoriano para conformar una mesa de conciliación que permita concretar las medias cautelares previstas por la CIDH en su fallo emitido hoy en Washington.
«Aspiro, al menos, a que estas medidas nos permitan poner en la mesa de negociación el regreso de Jorge Glas a la Cárcel Número 4 de Quito», de donde fue trasladado hace algunos meses, en un proceso presuntamente irregular, hasta la prisión de máxima seguridad de la ciudad andina de Latacunga, añadió el abogado.
Según el letrado, la propia CIDH, que en meses pasados visitó la cárcel de Latacunga, sufrió el acoso de las autoridades penitenciarias de ese centro, lo que pudo haber motivado su actual decisión.
Además, dijo que con el cambio a la cárcel de Quito, Glas estaría más cerca de sus abogados defensores, familiares y de los centros médicos donde pueda ser atendido de emergencia si se presentara alguna alteración negativa en el cuadro de enfermedades que padece.
Jarrín mencionó que Glas ha librado una lucha permanente contra una enfermedad que le aqueja y recordó que, además, encaró hace algún tiempo una «huelga de hambre» voluntaria en la cárcel de Latacunga, que el actual Gobierno «llevó hasta la burla» para intentar desprestigiar esa medida de presión.
Justamente, añadió el letrado, «las medidas cautelares están llamadas a parar el hostigamiento» contra Glas, por parte de las actuales autoridades.
Aclaró que las medidas cautelares no se pronuncian sobre «el fondo del caso» judicial que se sigue en contra de Glas, aunque Jarrín opinó que esta decisión «deja en entredicho el hostigamiento» al que presuntamente ha sido sometido su cliente.
Asimismo, opinó que la decisión de la CIDH envía también un mensaje sobre este tipo de casos donde existen sospechas de supuesta «persecución política».
Recordó que hace un par de semanas, la CIDH emitió medidas cautelares similares en favor de la prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, correligionaria de Glas, ambos afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La de Glas es «la segunda observación en menos de un mes que se hace al Estado ecuatoriano por los procedimientos» y la supuesta vulneración de derechos humanos de opositores, remarcó Jarrín.
El exvicepresidente ecuatoriano fue condenado a finales de 2017 a seis años de prisión por un delito de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht, que él ha negado. EFE
