Iniciamos este año con la noticia de que, a Jorge Glas, la inefable CIDH le ha concedido medidas cautelares. Igual como a Paola Pabón y cia., este organismo se ha vuelto veloz en resolver estos “casos”, en comparación a otros pedidos, cuya imperiosidad de sus pronunciamientos, duermen el sueño de los justos.
La estrategia internacional de Correa y sus amigos funciona muy bien. Han logrado a través de los varios costosísimos bufetes de abogados contratados, “convencer” a este organismo de que en el país existen dificultades para que los privilegiados políticos corruptos, sea en prisión preventiva o con sentencias ejecutoriadas, cumplan sus condenas.
Según el art 668 del COIP, la persona privada de libertad podrá apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el Organismo Técnico a la o el juez de Garantías Penitenciarias por cualquiera de las siguientes causas: cercanía familiar; padecimiento de enfermedad catastrófica, que implique peligro para su vida o incapacidad permanente; necesidad de tratamiento psiquiátrico, previa evaluación técnica de un perito; condiciones de hacinamiento en el centro; o seguridad de la persona privada de libertad o del centro. Esta última causal, está de moda en la CIDH para estructurar estos exhortos al Estado ecuatoriano; sin duda, un concepto amañado, si de por medio existe la presión de las redes sociales, las cuentas troll, las noticias falsas y la gran capacidad económica de quienes son cercanos a esta clase de condenados.
Hasta la hora en que escribo esta columna de opinión, desconozco cuál será la posición del Organismo Técnico encargado de evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador. Está claro que, si esta tendencia se mantiene, el hacer cumplir las penas a los delincuentes políticos en las cárceles comunes, se va a volver cuesta arriba.
El año 2020 será incierto en todos los planos, pero debemos estar claros que, para obtener crecimiento y desarrollo, primero debemos alcanzar justicia. (O)
