El año que se inicia, será evidentemente preelectoral, en vista de la costumbre política ecuatoriana de realizar promociones de precandidatos a las máximas dignidades del país, con mucha anticipación, incluso casi un año antes de la convocatoria oficial a comicios por parte del Consejo Nacional Electoral.
Esta práctica, a todas luces anómala en cualquier democracia del mundo, en nuestro país desgraciadamente resulta práctica común, ya que tanto partidos y movimientos como ciudadanos que se consideran presidenciables inician sus promociones con meses de anticipación, quizá por considerar que de esta forma ganarían más adeptos, lo cual generalmente es desmentido por las urnas.
Si bien las normas respectivas disponen un período determinado luego de la convocatoria oficial a elecciones, para que las candidaturas y formaciones políticas realicen sus campañas, estas disposiciones se burlan con entera facilidad, por ejemplo, promocionando figuras de posibles candidatos a pretexto de difundir las obras de un municipio o consejo provincial. También se utilizan diversos subterfugios para las campañas anticipadas, mediante mensajes en apariencia cívicos, pero que en el fondo no son otra cosa que una promoción preelectoral.
Por cierto, las disposiciones legales están llamadas a imputar como gastos de campaña este tipo de promociones anticipadas, pero esto parece importar poco a los movimientos y ciudadanos que lo practican, tomando en cuenta que las multas no son considerables ni mucho menos, y que en ciertos casos inclusos se soslaya cualquier sanción a los infractores de la Ley de Elecciones, responsabilidad que pesa en las autoridades electorales.
Lo más grave del caso es que un ambiente preelectoral anticipado suele entorpecer la gobernabilidad del país, ya que por ejemplo los bloques legislativos piensan más en las posibilidades electorales que en un real servicio a los ecuatorianos y ecuatorianos. Lamentable miopía política y falta de civismo. (O)
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