Este miércoles hubo jornadas de debate sobre el derecho a la defensa del agua

Estuvieron activistas de varios países; llegaron a compartir sus experiencias y a conocer la de Azuay.

El prefecto Yaku Pérez saluda con activistas antimineros invitados a la rueda de prensa, en el auditorio de la facultad de Jurisprudencia.(AZD)
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Con más de media hora de retraso se realizaba la rueda de prensa convocada por la Prefectura del Azuay, para dan a conocer la realización de las Jornadas de Debate sobre el Derecho a la Participación en la Defensa del Agua y los Derechos de la Naturaleza, y detalles de la presentación de una segunda petición del visto bueno a la Corte Constitucional a las pregustas, para la realización de una consulta popular en la provincia del Azuay, sobre si está o no de acuerdo que se haga minería en fuentes de agua y páramos, pero enseguida un presentador interrumpió el diálogo con la prensa.
Argumentó que la convocatoria fue para la firma de un convenio y que cualquier interrogante se la haga al prefecto Yaku Pérez en otro momento.
Al evento asistieron varios activistas defensores de la naturaleza y antimineros. Entre ellos, de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay. Marielle Palau, de paraguaya, perteneciente a un centro de investigación, manifestó que su posición es crítica al modelo extractivista pero también a los agronegocios.
Dijo que su afán es venir a conocer el proceso de lucha antiminera que se lleva en Azuay la posición de la academia. “Me parece importante que sea el pueblo, las organizaciones sociales las que vayan definiendo qué tipo de modelo quieren en sus territorios, y en ese contexto considero que la lucha que vienen llevando aquí contra la minería es clave”, expresó.
El convenio marco entre la Prefectura del Azuay y la universidad, que se firmó ayer fue para hacer frente común para garantizar el derecho de la participación de las comunidades, barrios y azuayos en general, “ya se ha dicho que a donde va la universidad irá la sociedad”, expresó Yaku Pérez.
Son dos preguntas presentadas este martes por Pérez a la Corte Constitucional solicitando su calificación de constitucionalidad son: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?.
Y la segunda, ¿Está usted d acuerdo que se cancelen las concesiones mineras metálicas que hayan sido otorgadas con anterioridad a esta Consulta Popular, en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles de la provincia del Azuay?.
Las razones para pedir la consulta, según Yaku son: porque el 45% del territorio del Azuay, comprende páramos y áreas protectoras con fuentes de agua; y porque en la provincia el 25% de su territorio, está comprometido con la minería metálica.(AZD)-(I)

Reacción de la Cámara de la Minería

La Cámara de la Minería del Ecuador ha reaccionado frente al accionar de los antimineros, asegura que la minería es un sector productivo que puede convertirse en un pilar estratégico para desarrollo nacional; se destaca las 32.000 fuentes de trabajo que genera directamente. Se exhorta al Estado a brindar estabilidad jurídica para las inversiones.

Para el presidente de la Cámara de la Minería del Azuay, Patricio Vargas, la petición de Yaku Pérez carece de fundamento legal y se agrava con la pregunta 2 porque de manera arbitraria se pretende declarar la nulidad de las concesiones ya otorgadas, pues al tratarse de un sector estratégico es de interés nacional y no provincial.
Además dijo que la universidad está en deuda ya que asumió el compromiso de hacer estudios sobre la existencia o no de aguas subterráneas en los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga, y no hay resultados.
Sobre la consulta popular de Girón, sostiene que la pregunta no pasó el filtro de la constitucionalidad y por ello está apelada; podría quedar sin efecto ya que se aprovechó el vacío del cambio de la Corte Constitucional, concluyó.

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