Sin seguridad social, la justicia social es una palabra hueca, sin futuro, ni horizonte. Sin seguridad social, la equidad es reemplazada por la insatisfacción y la crispación; sin seguridad social, la estabilidad democrática se convierte en punto de desencuentro y en terreno propicio para revueltas sociales. Y digo lo que digo, porque altos funcionarios del IESS anuncian que habría una quiebra del fondo de pensiones. Su causa: la morosidad del Estado -generada por Correa y continuada por Moreno- en no pagar el 40 % de las pensiones conforme lo dispone la ley. Lo curioso del caso es que, en lugar de exigir el pago de la deuda, se plantean 2 alternativas: el incremento de los aportes y / o la de la edad para la jubilación, a una que superaría los 65 años: nuestra medida de vida. ¿Se pretendería jubilar a los muertos? Con esa fórmula, la morosidad es elevada al altar de la virtud, y la carga de la misma traslada a los afiliados, usualmente fieles cumplidores del pago de sus aportes. Se permite así que la soberanía de la inequidad se institucionalice.
Quienes nos gobiernan no deben olvidar que la Seguridad Social nació en la Alemania de Bismark, en un momento de crisis económica -superior a la de la Rusia de entonces- que anunciaba inminentes estallidos. La protección contra contingencias como la enfermedad, los riesgos de trabajo, la vejez, entre varias más, frenó e impidió todo intento de signo revolucionario.
Es hora de que la Asamblea Nacional inicie el juicio político en contra de los responsables del manejo del IESS y que la Contraloría cumpla con el deber que le compete como juez de cuentas. Los responsables deben pagar sus culpas. Su impunidad nos convertiría en un remedo de país, en parodia, en burda imitación. En un fiasco. La ley y las obligaciones deben honrarse con estrictez insoslayable. (O)
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