«Hace unos minutos se ordenó la libertad para el padre de nuestra compañera @GabrielaEsPais, al no demostrar las temerarias acusaciones», señaló la agrupación política en su cuenta de Twitter.
Poco antes, ya desde México, Gabriela Rivadeneira había criticado la detención de su progenitor.
«A pocas horas de mi llegada a ciudad de México, los medios de comunicación inundaron con la noticia (de) que mi padre, Pedro Rivadeneira, un hombre que ha trabajado honradamente toda su vida, fue apresado», dijo al considerar que esa detención «no respetó el debido proceso, mucho menos la presunción de inocencia».
La Fiscalía indicó anoche que el juez Fredy Sevillano dispuso «el inicio de la instrucción fiscal de 90 días para Mauro Rafael F. G. y Pedro R. S., en contra de quienes se formuló cargos por el presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado en concurso real de infracciones».
El magistrado, además, «señaló la medida cautelar de prisión preventiva para Rafael F. y presentación periódica y prohibición de salida del país para Pedro R. Asimismo, dispuso la retención de cuentas bancarias y no enajenación de un bien inmueble y varios vehículos», reza un comunicado de la Fiscalía.
Y añade que un agente fiscal presentó como principales elementos de convicción el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el cual «se mencionan movimientos inusuales en las cuentas de los procesados».
Además, reportes de movimientos económicos en el sistema financiero, partes policiales, certificados de instituciones públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros.
Tras señalar que la investigación se abrió hace nueve meses, recuerda que los procesados fueron detenidos la noche del jueves en un operativo en donde se allanaron cuatro inmuebles en las ciudades de Otavalo y Cotacachi, en la provincia de Imbabura.
Ese mismo día, Rivadeneira, expresidenta del Parlamento y una de las políticas más activas durante la administración de Rafael Correa (2007-2017), viajó a México junto a Soledad Buendía, Carlos Viteri, Luis Molina, Edwin Jarrín, Tania Pauker y Luis Flores.
Los mencionados ciudadanos viajaron a México tras salir de la Embajada de ese país en Quito, donde ingresaron en octubre.
Del viaje se supo oficialmente a través del canciller, José Valencia, quien recordó que «luego de las violentas jornadas de octubre, un grupo de militantes vinculado al movimiento RC ingresó a la embajada de México y solicitó asilo diplomático a ese país», que atendió el pedido.
Y precisó que el Gobierno de Ecuador revisó «conforme a derecho dicha concesión» y los tratados internacionales, estando seguro de que «la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso».
Junto a ello, y «siguiendo la línea de respeto a los instrumentos internacionales que ha mantenido el Gobierno, esta semana se comunicó a la Embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos funcionarios salgan de Ecuador», explicó.
La ola de disturbios de la primera quincena de octubre se originó por la eliminación del subsidio a los carburantes por parte del presidente Lenín Moreno – decreto luego derogado -, y en ella murieron una decena de personas y más de 1.500 sufrieron heridas de diversa consideración. EFE
