«Esta protesta es importante no solo para los jueces polacos, sino también para los jueces de toda Europa», afirmó la presidenta de la Asociación Europea de Jueces de Tribunales Administrativos, Edith Zeller.
Zeller se situó al frente de la delegación de magistrados procedentes de catorce países (Holanda, Austria, Grecia, Alemania, Hungría, Croacia, Portugal, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Rumanía, Estonia e Irlanda) para manifestarse junto a jueces polacos frente a la sede del Tribunal Supremo de Varsovia.
LA NUEVA LEY PROPONE SANCIONES CONTRA LOS JUECES MÁS DÍSCOLOS
La protesta es una reacción al último episodio de la reforma judicial emprendida por Ley y Justicia, una norma aprobada el pasado 20 de diciembre por el Parlamento polaco (controlado por esta formación nacionalista) que contempla sanciones disciplinarias para los jueces reacios a aceptar los cambios impulsados por el partido gobernante.
En concreto, la polémica ley propone sanciones, incluido el cese, para aquellos magistrados que cuestionen la legalidad de los nombramientos fruto de la reforma judicial y para quienes participen en actividades públicas que puedan menoscabar la posición de neutralidad judicial.
ASOCIACIONES DE JUECES Y ONG ALERTAN DEL FIN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN POLONIA
«Los cambios dejarían la escasa libertad de la que todavía disfrutan los tribunales polacos bajo el control político del poder ejecutivo, lo que significará el fin de la separación de poderes y una amenaza a los valores europeos que también compartimos en Polonia», explicó a Efe el responsable de la organización polaca de jueces Iustitia, Krystian Markiewicz.
Desde 2015, año en que Ley y Justicia logró su primera victoria por mayoría absoluta, el Gobierno polaco ha introducido una serie de reformas legislativas y políticas que «han socavado la independencia del poder judicial», aseguró a Efe la responsable de Amnistía Internacional en ese país, Draginja Nadazdin.
Entre esos cambios, denunció Nadazdin, destacan la politización en la designación de magistrados al dar al Ministerio de Justicia la facultad exclusiva para nombrar y destituir jueces, así como el adelanto de la edad de jubilación para los miembros del Tribunal Supremo.
La norma que regula el régimen disciplinario de los magistrados aún tiene que ser aprobada por el Senado (controlado por la oposición) antes de entrar en vigor, lo que hace prever un largo tramite parlamentario antes de recibir luz verde.
LA UE ACUSA A POLONIA DE VULNERAR LA SEPARACIÓN DE PODERES
La Unión Europea (UE) ha acusado en numerosas ocasiones al Gobierno polaco de politizar el poder judicial, mientras Varsovia sostiene que su reforma es necesaria para superar un sistema de justicia «ineficiente y anclado en la estructura heredada del periodo comunista».
Las decisiones de Polonia de aumentar el control del poder político sobre la administración de justicia y los medios de comunicación se han granjeado las críticas de la Comisión Europea, que considera que este país vulnera con sus reformas el Estado de derecho y los principios democráticos.
En un paso sin precedentes, Bruselas decidió en 2017 activar el procedimiento del artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia, que incluso podría llegar a perder su derecho de voto en la Unión Europea. EFE
