Mientras el prefecto azuayo Yaku Pérez se enreda con un nuevo pedido de consulta popular contra la minería metálica, el gobierno ecuatoriano avanza en seis megaproyectos que concentran oro, plata y cobre, componentes esenciales de la vida moderna. Otros nueve muestran rendimiento menor aunque incomparable al actual, pues varios son explotados ya en forma ilegal, antitécnica, destructiva, contaminante.
Treinta mil millones de dólares sumará la inversión total. Al momento operan “Mirador” (Morona Santiago) y “Fruta del Norte” (Zamora Chinchipe), que entregan ciento cincuenta millones en regalías, el sesenta por ciento de lo cual queda para las localidades de origen.
Casi seguro que la solicitud de Pérez será rechazada por la Corte Constitucional, como sucedió a la anterior. Porque la normativa vigente prohíbe realizar consultas regionales sobre temas de interés nacional. Además no se presentan alternativas viables para los fondos que dejarán de percibirse.
Metales necesitamos por doquier; sin ellos el mundo volvería al tiempo de las cavernas. Su explotación como cualquier actividad humana provoca afectaciones naturales, aunque muchísimo menores al beneficio que proporcionan. Por ejemplo la expansión de la frontera agrícola, la explosión demográfica, el creciente requerimiento de materias primas, la necesidad misma de supervivencia colectiva. En la lógica ambiental del prefecto azuayo todas ellas deberían eliminarse, por más que las arrope bajo la defensa del agua, presentándola como incompatible con la minería.
Debo reiterar que nuestro país no puede ser mendigo sentado en bases de oro, según conceptúa la empresa chilena Codelco que colabora en la actividad extractiva nacional. Igual piensan grandes productores de este material como Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. (O)
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