Ecuador se defiende este martes en una audiencia de una demanda de la firma brasileña Odebrecht por unos 180 millones de dólares que reclama como indemnización por la terminación unilateral de un contrato para la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca.
En un receso de la audiencia que tiene lugar en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), el procurador de Petroecuador, Marco Prado, indicó que se dio ya la audiencia de presentación de pruebas de ambas partes.
«Existen 78 documentos de parte de la empresa que se han presentado como descargo de todas las afirmaciones y aseveraciones» que hace la contratista, comentó a la prensa.
Explicó que la firma brasileña ha fundamentado que «no se les ha pagado ciertas planillas de obra» y Petroecuador «se ha defendido con la argumentación técnica, económica y jurídica respecto al tema».
Prado comentó que la empresa brasileña reclama varios aspectos que giran en torno a los 180 millones de dólares.
Petroecuador terminó el contrato unilateralmente con Odebrecht en el Poliducto Pascuales-Cuenca el 12 de octubre de 2017, aduciendo incumplimiento.
«La constructora brasileña se había comprometido a entregar en septiembre de manera definitiva el poliducto para transportar derivados del petróleo», indicó Petroecuador en un comunicado proporcionado este martes a Efe.
En un escrito detalló que el costo inicial de la obra ascendía a 440 millones de dólares y al final fue de 623 millones de dólares.
Explica que encontró «problemas y fallas constructivas, infraestructura que no opera a su capacidad de diseño, deterioro prematuro de planta y equipos».
Además, sin funcionar «el Sistema Automatizado de despacho y recepción de derivados por el poliducto» y con problemas legales con la ejecución y terminación del contrato, entre otros.
La firma brasileña, involucrada en un caso de sobornos en Ecuador calculados en más de 35 millones de dólares, inició el 10 de julio pasado un diálogo con las autoridades del país en el marco de un proceso de reparación integral por daños ocasionados por esa situación.
El representante de la firma para América Latina, Félix Martins, reconoció entonces en una breve comparecencia en la sede de la Procuraduría General de Ecuador, en Quito, los «errores cometidos en el pasado y el firme e indeclinable compromiso» con un proceso de reparación eficaz para con las autoridades del Estado ecuatoriano.
El procurador general del Estado, Iñigo Salvador, aclaró que la negociación «no interferirá en la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado, ni en los procesos de la Contraloría, judiciales y administrativos que se encuentran en marcha».
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
En este país, el exvicepresidente Jorge Glas, elegido en 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la trama, acusado de haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en supuestos sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de contratos de obra cuando fue responsable del ramo.
En total se investigan o han sido investigados 14 proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña.
En paralelo, la Fiscalía indaga la presunta participación de la firma brasileña en la supuesta financiación irregular de la campaña política del partido Alianza País (AP), en la época en que estuvo liderado por Rafael Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. EFE
