En los sistemas políticos, legítimos por supuesto, se define a la ley como su norma suprema y, en la concepción democrática del estado, precisando la premisa conceptual del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” se fundamenta la organización social en el principio de legalidad: “Todo dentro de la Ley, nadie sobre la Ley…” centrando en consecuencia las relaciones sociales en el cumplimiento de la Constitución y del sistema jurídico.
Se puede impugnar este modelo como formalista y fríamente calculado por los poderes fácticos, como dicen los revolucionarios de todos los tiempos y lugares, pero si miramos a fonda la historia, encontrarnos que los sistemas establecidos responden a las premisas ideológicas que los inspiran y que se concretan en la formulación legal, fruto del consenso legislativo, o de los grupos de presión que terminan por la vía de la fuerza imponiendo sus intereses. Recordemos que en contrapunto a la concepción legalista, tenemos las revoluciones clásicas, pero ninguna sociedad puede permanecer en estado de caos ni refundación continua. Se requiera la estabilidad que ofrece la seguridad jurídica.
Por eso hoy en día en nuestro país, al ver los casos de los “infiltrados” y más responsables de los disturbios de Octubre, el incendio de la Contraloría, entre tanto desafueros como los grilletes para un mail sainete y en el pasado los 10 años de cleptocracia con procesos macados por la anomia conceptual, la égida populista o autoritaria de los caudillos y por excepción, lo positivo, con los aportes de creación institucional, apostamos por restaurar el sentido pulcro del primado de la Ley con la visión humanista de justicia y equidad. Puede ser que lo señalado no sea más que una apuesta arriesgada en un mundo convulsionado por los apetitos de poder ilimitado. Pero…elucubrando…nada más, hay quienes así pensamos. (O)
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