La Cámara de Comercio de Quito presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad del impuesto a los dividendos y otras observaciones a la nueva Ley Tributaria del Gobierno de Lenín Moreno, al considerar que perjudicará a la inversión extranjera.
«Presentamos una demanda de inconstitucionalidad porque consideramos que el deber del Estado, o lo que plantea la Constitución, es salvarguardar la seguridad jurídica en el país y promover la estabilidad económica», dijo a Efe Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).
Y agregó que «a los inversionistas no se les puede cambiar las reglas del juego, y menos aún sobre resultados del pasado».
Se refería a nuevas regulaciones tributarias presentadas por el Ejecutivo de Moreno que eliminan la exoneración a los dividendos pagados a sociedades y personas naturales residentes en el exterior, entre otros aspectos.
Alarcón, que critica duramente las medidas adoptadas por el Gobierno por considerar que no incentivan al desarrollo, asegura que «los retornos sobre la inversión de los capitales no pueden proyectarse de una manera segura si se implementan ese tipo de impuestos, específicamente el impuesto a los dividendos».
«Planteamos que no se cobre el impuesto a los dividendos» con carácter retroactivo, afirmó en una entrevista con Efe.
El Gobierno ecuatoriano aplicó a finales de 2019 una serie de medidas económicas para reducir el déficit fiscal, que acabó superando los 4.000 millones de dólares en diciembre, y espera con ellas reconducir las finanzas nacionales.
Entre esas medidas aparece una subida de impuestos a sociedades, la eliminación de gastos desgravables a grandes fortunas, y una larga serie de acciones que han indignado a los empresarios.
«Planteamos la demanda porque atenta contra la seguridad jurídica y contra la inversión extranjera en el país», destacó el empresario, que recordó que ya este año se ha notado una reducción de la inversión extranjera, que pasó de 851 millones de dólares en el período enero septiembre 2018, a 610 millones en el mismo lapso de 2019.
«El Gobierno tiene un objetivo claro y es un objetivo fiscalista, cobrar más impuestos: impuesto nuevo a los dividendos, donde la tasa se vuelve una de las más altas de la región, impuesto a las ventas, de consumo especial a las comunicaciones, a la fundas (bolsas), a las plataformas digitales», se lamenta Alarcón.
El empresario cuestiona el objetivo de las medidas y asegura que no busca «promover la empresa privada ni la inversión».
En ese sentido afirma que el modelo económico de Ecuador no ha cambiado en los últimos doce años, que el Gobierno sigue gastando demasiado y «no entiende la problemática del sector empresarial».
«No buscan alternativas de nuevos ingresos, se mantiene la producción petrolera en los mismos niveles y no cambian los modelos de los contratos con posibles inversionistas».
Por último, concluye que con las políticas actuales «no hay más ingresos, el Estado no ajusta el gasto y cobra más impuestos para cerrar la brecha». EFE
