La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita al país entre el 28 y 30 de octubre de 2019, para constatar la situación de los derechos humanos tras las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre, presentó su informe final en el que determinó, entre otras cosas, que los policías y militares aplicaron un uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes.
“La respuesta del Estado generó actos de protesta que, en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza, principalmente, en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones en Quito y en sus territorios ancestrales”, puntualiza el informe.
La intensidad con la que las fuerzas del orden emplearon la fuerza, según la CIDH, habría desencadenado en agresiones a grupos que incluso no participaron de la protesta como periodistas, niños, adolescentes y adultos mayores.
“La CIDH constató afectaciones a la integridad personal que habrían sido ocasionadas por la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante patadas, golpes, agresiones verbales e, inclusive, mediante disparos a corta distancia de municiones de perdigón y/o bombas lacrimógenas directamente hacia las personas manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas”, dice el documento, que además recalca que con esto el “Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana».
Además, se recalca que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares sería la causa principal del alto número de personas heridas y fallecidas, que según la CIDH fueron 11, cifra que se contrapone a la de 9 proporcionada por el Gobierno.
Ante lo sucedido, la CIDH recomienda que se capacite a los uniformados sobre los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación durante protestas sociales; que se investigue todos los tipos de violencia, tanto de los manifestantes como de los uniformados; y que se establezca un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), reveló ayer que su movimiento prepara una demanda contra el Gobierno por el «uso excesivo de la fuerza» durante las protestas de octubre pasado. «Estamos recabando toda la información necesaria par poder iniciar los procedimientos», declaró. (ASM/EFE)-(I)
