Sandra Cruz – Quito
Con el argumento de que la justicia en el Ecuador “no debe servir para perseguir a nadie” Jaime Vargas y Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC), respectivamente, rindieron su versión en la Fiscalía General del Estado (FGE) por las movilizaciones de octubre del año pasado. Y enfatizaron que los hechos ocurridos están enmarcados dentro del derecho a la resistencia consagrada en la Constitución.
Este procedimiento forma parte de la indagación previa por el presunto delito de instigación al sabotaje y terrorismo, que fue interpuesto el 25 de octubre por Marcelo Hallo, excandidato a la Prefectura de Pichincha. Él solicitó a los operadores de justicia que investiguen presuntos actos terroristas que enfrentaron los ecuatorianos. Según Hallo, los excesos habrían generado pérdidas por dos millones de dólares. La instrucción fiscal, de acuerdo con lo estipulado concluirá en febrero próximo.
