Un grupo de feministas exigió a las autoridades del sistema judicial de El Salvador que se condene penalmente a un hombre acusado de violar y agredir sexualmente durante 8 años a una menor que actualmente tiene 12 años.
Las activistas se concentraron en la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, donde se tenía previsto el comienzo del juicio contra Walter Alexander Amaya Estrada, cuya edad no fue precisada, padrastro de la menor y acusado de violación y agresión sexual continuada en menor incapaz.
Sin embargo, según lo informó a Efe un portavoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la vista pública fue suspendida, por novena ocasión, y reprogramada para el próximo 17 de febrero.
Laura Moran, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, señaló a la prensa que la denuncia contra Amaya Estrada fue interpuesta por la madre de la victima, violada y agredida desde los 4 años, en enero de 2018 y desde septiembre de ese mismo año la vista pública «se ha venido suspendiendo como estrategia de la defensa».
«Pedimos justicia para esta niña y para su madre que está luchando desde enero 2018 y hasta este momento no se ha realizado la vista pública que se ha suspendido en nueve ocasiones, lo que genera un atraso en la justicia y se convierte en violencia institucional», manifestó la activista.
Moran señaló que «el sistema judicial no se puede quedar callado ante estos casos y no puede dar salidas alternas, dejando a los agresores en libertad y poniendo a las víctimas en riesgo porque tienen que convivir con estas personas».
«Denunciamos, condenamos y pedimos a las instituciones que se investiguen este tipo de casos, ya que en el país existe un alto índice de violencia sexual contra menores de edad», reiteró.
De acuerdo con Moran, al procesado le fueron otorgas medidas sustitutivas a la detención, es decir que enfrenta el proceso en libertad, situación que no fue apelada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El grupo de feministas también pidió a las correspondientes instituciones del Estado que «sea vigilante de este proceso y garantice la justicia bajo un enfoque de derechos humanos, género, y protección integral de la niñez y la adolescencia».
El proceso penal está a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Según organizaciones feministas, entre enero a junio de 2019 se contabilizaron 3.168 hechos de violencia sexual, de los que el 67 %, 2.110, fueron cometidos contra niñas de 0-17 años. EFE
