El presidente Lenín Moreno se mostró este lunes irritado y criticó al movimiento indígena por la demanda que presentará en cortes internacionales por uso excesivo de la fuerza durante las violentas protestas de octubre pasado en las que fallecieron una decena de personas.
«Pocas cosas me descomponen emocionalmente», admitió Moreno en un mensaje por televisión, en el que, visiblemente molesto, dijo que ha recibido «con indignación» la amenaza de una demanda «al Gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza».
«Parece que quieren que olvidemos los sucesos de esos días en los que la violencia fue uno de los protagonistas principales», añadió el mandatario que durante todo su discurso evitó identificar a personas o grupos a los que aparentemente dirigía su mensaje.
Una masiva y dura protesta protagonizaron sindicatos y otros grupos sociales, encabezados por el poderoso movimiento indígena, contra un decreto del Gobierno que eliminaba los subsidios a las gasolinas y, por consecuencia, encarecía el precio de los carburantes.
Esa medida, atada a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, fue derogada tras los once días de protesta, en medio de un proceso de diálogo que a los pocos días se diluyó.
«Voy a refrescar la memoria de aquellos que parecen olvidar las cosas», dijo Moreno al dar testimonio de su versión sobre los acontecimientos vividos a inicios de octubre.
«Se intentó derrocar al Gobierno, con una violencia extrema y un ataque terrorista organizado», mientras «la Policía respondió con material disuasivo», no usó armas letales y «no disparó ni una sola bala», añadió el mandatario.
Aseguró que 435 policías y 80 militares fueron heridos durante las manifestaciones que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, dejó una decena de muertos y más de 1.500 personas con heridas.
«Un policía perdió su ojo» y más de 200 agentes del orden «fueron secuestrados y amenazados de muerte», agregó Moreno al denunciar que durante las manifestaciones se impidió la llegada de suministros de sangre a hospitales de varias ciudades, algo que calificó de «inaudito en la historia de toda la humanidad».
Asimismo, dijo que «57 ambulancias fueron destruidas e impedidas de atender a los heridos», una situación que, según afirmó, «nunca ha ocurrido en el planeta, ni siquiera en las guerras más cruentas».
«Está claro, está mas que claro de que lado vino la violencia», insinuó Moreno y dijo que fueron «ellos» los que «promovieron el caos, el terrorismo y la sedición».
Reconoció que a muchos les asistía el derecho a la protesta y admitió que el Gobierno pudo mejorar los canales de comunicación con la población, pero insistió en que hay otros intereses detrás de las manifestaciones.
La población sabe «quiénes tienen grandes intereses electorales y como han recibido ayuda de los prófugos de la justicia y de sus amigos en Europa», en referencia al expresidente Rafael Correa, su principal rival político.
Ante la posible demanda al Gobierno en Cortes Internacionales, Moreno aseguró que su administración defenderá a los policías y militares: «No permitiremos que nada ni nadie nos quiete la paz», finalizó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre los sucesos de octubre, afirmó que la fuerza pública ecuatoriana incurrió en un «uso excesivo de la fuerza».
Pidió que se investiguen y castiguen a los policías que incurrieron en el «uso excesivo de la fuerza», así como a la población responsable de saqueos.
El Gobierno de Moreno, por contra, consideró como «subjetiva» la apreciación de la Comisión porque «no examina el contexto de las manifestaciones, no examina el hecho de que no haya un solo herido de bala durante los eventos de octubre», según dijo en su momento el canciller ecuatoriano, José Valencia.
La Policía «tuvo una gran restricción» y «cuidado» en que los medios empleados sirvieran específicamente para mantener el orden e impedir que se produjeran excesos, agregó y dijo que «para eso están las fuerzas del orden, no están simplemente para ver el desorden, la violencia y el caos, y no hacer nada». EFE
