En los últimos tres años las empresas fantasma afincadas en el Austro del país llegaron a generar ventas ficticias por alrededor de 72.218.000, lo que representó un perjuicio al Estado, y por lo tanto a la ciudadanía, de cerca de 11,5 millones de dólares.
Esos son los resultados del último informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre empresas fantasma en Azuay, Cañar y Morona Santiago, provincias que mantienen alertas por la actuación de 11 empresas inexistentes o falsas que han registrado compras ficticias de 891 clientes.
Así lo señala José Luis Coello, director zonal del SRI en el Austro. Acota que la entidad ha efectuado, desde el 2016, 1.330 controles a través de los que se ha establecido una deuda generada de 9.178.000 dólares que los clientes de dichas empresas deben devolver al fisco y ha recuperado 2.374.000 dólares adicionales.
De acuerdo con Javier Vásconez, jefe del departamento encargado de la detección de empresas fantasma en el Austro, los principales giros de negocio en los que se fingen transacciones económicas son la construcción, el comercio y en menor medida la minería.
Detalla que en los últimos meses, por ejemplo, el SRI hizo una inspección a una supuesta fábrica de textiles y a una ferretería que mostraban indicios de malas prácticas tributarias, pero al llegar a las direcciones de los negocios se encontraron con casas abandonadas.
Alertas
El SRI es un ente administrativo y su deber es alertar sobre la existencia de empresas fantasma y procurar que los posibles clientes no evadan sus deberes con el fisco. Las acciones legales competen a la Fiscalía, señala Coello.
Las fiscalías de la región mantienen bajo investigación las 63 denuncias presentadas por el SRI desde el 2016, una de ellas a la espera de la resolución judicial de última instancia tras la apelación de los presuntos implicados en un fraude al Estado por 228.556 dólares en Cuenca.
El abogado particular, Santiago Maldonado indica que las sanciones por defraudación tributaria van de uno a siete años de prisión más sanciones económicas. El ilícito, añade, puede estar vinculado al lavado de activos y suplantación de identidad.
Explica que quienes hacen uso de empresas fantasma fingen gastos inexistentes para reducir el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo que reduce el monto de dinero que recibe el Estado y que luego es utilizado para obras y servicios.
Además, señala el abogado, en muchos de estos casos se falsifican firmas o “se forjan documentos” para que personas de bajos recursos económicos aparezcan como dueñas de las empresas fantasma sin saberlo y se vean luego envueltas en deudas con el SRI. “Es un delito con el que perdemos todos”, afirma. (JMM)-(I)
