Sandra Cruz / Quito
La Presidencia de la República, la Cancillería y la Procuraduría General del Estado remitirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una comunicación oficial donde detallarán que los hechos ocurridos en octubre de 2019 tuvo rasgos de delincuencia violenta y visos de atentar contra los bienes del Estado. Así respondió Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, ante la advertencia de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de demandar al Estado en cortes internacionales por el presunto uso excesivo de la fuerza.
“Se debe dar vuelta a la página y confiamos que la CIDH será objetiva, entre lo que sucedió en contra de los bienes y la vida de ecuatorianos, y lo que se quiso manifestar como una marcha pacífica. En ningún momento fue pacífica”, expresó Chacón. Su criterio lo compartió Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, pero exhortó a los administradores de justicia a mirar con imparcialidad los hechos y que en cualquier caso puedan tomar decisiones independientes para dejar en la sociedad un ambiente de que estos hechos no volverán a ocurrir.
El pasado lunes en un enlace televisivo, Lenín Moreno, presidente de la República, criticó a la CONAIE por su amenaza de demandar al Estado, y dijo que parecería que el objetivo es que el Ecuador se olvide de los sucesos ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre donde se intentó derrocar al Gobierno.
La CONAIE, en un comunicado, señaló que la paz y el diálogo que promueve el gobierno de Moreno es “a conveniencia de su versión insostenible”.
Francisco Rocha, analista político, se preguntó: ¿qué objeto tiene seguir juzgando a la ministra de Gobierno, y no tener a quién juzgar, por ejemplo, por la retención de los policías en Calderón o por el abuso a policías mujeres?
Mientras tanto, el activista por los derechos humanos, Ronny Custode, afirmó que si bien, la disposición del ministerio de Gobierno fue que la Policía no use balas contra los manifestantes, aclaró, sin embargo, que las armas no letales usadas indebidamente sí provocaron daños, no solo en quienes protestaban, sino en miembros de la fuerza pública.
